El objetivo de la medida es afianzar la judaización de la zona e imponer una política de limpieza étnica y desplazamiento forzado contra el pueblo palestino, denunció el dirigente en un comunicado.
Fattouh estimó que el proyecto forma parte de un “plan sistemático para despojar a la tierra de sus habitantes originales y borrar su identidad histórica, nacional y religiosa”.
También criticó los pretextos usados por el vecino país para apropiarse de esos terrenos.
Las declaraciones sobre “interés público” y “desarrollo de sitios arqueológicos” no son más que una tapadera política y jurídica para apoderarse de esas regiones, subrayó.
En similar sentido se pronunció el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados palestino.
La decisión de las autoridades de ocupación confirma las políticas coloniales sistemáticas dirigidas contra la geografía y la demografía palestinas, alertó la Cancillería.
También acusó a ese país de planificar la judaización de la zona ocupada de Jerusalén Este para “aislarla de su entorno natural, alterar sus características y borrar su antigua identidad”.
Esta decisión no es un procedimiento administrativo ni un proyecto de desarrollo, sino una expropiación forzosa y una ocupación ilegal que viola la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad, apuntó.
Más de 750 mil colonos judíos viven en la actualidad en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Este, distribuidos en unos 180 asentamientos y 256 puestos de avanzada, según datos oficiales.
La comunidad internacional rechaza esa política expansionista y considera a ese territorio como parte del futuro Estado palestino.
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