La propuesta, que plantea elevar hasta 26 años de prisión las sanciones por reclutamiento o utilización de niños y adolescentes en estructuras criminales, recibió observaciones por parte de la oposición debido al enfoque punitivista y la falta de acciones de prevención.
La asambleísta Diana Jácome, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), afirmó que las bandas utilizan redes sociales, videojuegos y plataformas digitales para captar adolescentes.
Ante esa situación, afirmó que la reforma contempla bloquear contenidos, establecer alertas tempranas y otorgar becas a menores rescatados de estructuras criminales.
Si bien la oposición coincide en la necesidad de frenar la problemática, advirtieron que el endurecimiento de penas por sí solo no resolverá las causas estructurales.
Legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) señalaron que miles de menores permanecen fuera del sistema educativo y alertaron sobre la falta de inversión social y programas de prevención.
La asambleísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez, citó cifras de Unicef según las cuales los homicidios de menores aumentaron más de 600 por ciento entre 2019 y 2024 en Ecuador.
Otros parlamentarios criticaron que la propuesta transfiera mayores responsabilidades a municipios y gobiernos locales sin garantizar financiamiento suficiente.
Tras concluir el primer debate, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana deberá analizar nuevamente el proyecto a partir de las observaciones realizadas y para preparar el informe destinado al segundo y definitivo debate legislativo.
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