La decisión fue adoptada en las últimas horas durante una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad encabezada por el presidente hondureño, Nasry Asfura, confirmaron este viernes diversos medios de prensa.
Según las fuentes, que citan al ministro de Comunicaciones, José Argueta, la disolución de esa división especial de la Policía Nacional fue respaldada por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, como parte de una nueva estrategia para enfrentar a las estructuras delictivas.
En sustitución de la Dipampco, el Ejecutivo creará la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una unidad interinstitucional que tendrá la responsabilidad de unificar labores de inteligencia, investigación y operaciones ejecutadas por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado.
Argueta adelantó que esta nueva fuerza contará además con el apoyo y cooperación de Estados Unidos, principal aliado de la administración neoliberal de Asfura, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas en la lucha contra las organizaciones criminales.
Indicó que uno de los principales propósitos de la ANC será combatir de manera articulada a las maras y pandillas, las cuales serán catalogadas oficialmente como grupos terroristas dentro de las flamantes políticas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo.
El detonante de la abolición de la Dipampco fue el violento enfrentamiento ocurrido el pasado 21 de mayo en Corinto, Omoa, cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala.
De acuerdo con reportes oficiales, una estructura criminal fuertemente armada emboscó a un grupo de agentes, secuestró y posteriormente asesinó a cinco miembros de la institución, entre ellos el subcomisario Lester Amador.
Investigaciones preliminares de la Secretaría de Seguridad revelaron serias irregularidades en la operación.
Los agentes habrían ejecutado un allanamiento sin cumplir los protocolos legales establecidos ni contar con la autorización y acompañamiento judicial correspondiente, sostienen los informes.
Estas fallas operativas derivaron en la suspensión inmediata de la cúpula de la Dipampco y en una intervención interna, que culminó con la decisión de desmantelar completamente la división especial, creada en 2022.
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