Un juez aceptó el pedido de la Fiscalía para incorporar a familiares y colaboradores cercanos del burgomaestre al denominado caso Goleada, que desde febrero investiga presuntas operaciones financieras ilícitas vinculadas a empresas de la familia Álvarez.

Como medida cautelar, el magistrado dispuso que Fiorella Icaza, esposa del alcalde, no pueda salir del país, se presente cada 15 días ante una autoridad judicial y mantenga congeladas sus cuentas bancarias mientras avanza la investigación.

Asimismo, el juez ordenó que Gioconda Henriques, madre de Alvarez y residente en Estados Unidos, comparezca periódicamente ante el consulado ecuatoriano en Miami.

Para Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde, se dictó prisión preventiva, mientras que otra procesada deberá cumplir medidas alternativas consistentes en prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

De acuerdo con la Fiscalía, la red investigada habría utilizado compañías para obtener beneficios económicos indebidos mediante la reventa de diésel subsidiado a precios internacionales.

Aquiles Álvarez y sus dos hermanos fueron detenidos en febrero, pero el funcionario sigue tras las rejas aunque una corte revocó posteriormente la prisión preventiva al considerar insuficientes los elementos presentados para sustentar el delito de delincuencia organizada.

El alcalde es considerado uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa y enfrenta varias investigaciones judiciales.

La Fiscalía General del Estado lo investiga a él, a sus hermanos y a otras personas por presunto lavado de activos relacionado con la comercialización de combustibles, en una causa donde estima un perjuicio al Estado de unos 100 millones de dólares.

Además del denominado caso Goleada, Álvarez afronta el caso Triple A, también relacionado con la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos y tiene otra causa por la supuesta manipulación del grillete electrónico que le fue impuesto.

Recientemente, el equipo jurídico del burgomaestre denunció el deterioro de su salud y advirtió sobre posibles vulneraciones de derechos en la Cárcel del Encuentro, prisión de máxima seguridad donde está recluido sin sentencia.

Los abogados afirmaron que el Estado ecuatoriano es responsable de su vida, salud e integridad y acompañaron su denuncia pública con imágenes donde se observa el cambio físico de Álvarez, quien presenta una drástica pérdida de peso.

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