Aunque se trata de hechos ocurridos en provincias distintas y bajo circunstancias diferentes, ambos casos tienen en común la agresión sexual contra menores de edad y las graves consecuencias que estas acciones generan en ellos y sus familias.

Las sentencias también reflejan el papel de la justicia en la persecución de estos delitos, en momentos en que organizaciones sociales y organismos de protección de la niñez advierten sobre la necesidad de fortalecer la prevención, la denuncia temprana y los mecanismos de resguardo para menores en situación de vulnerabilidad.

En el primero de los casos, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificó la condena de 20 años de prisión contra el profesor John Kelly Martínez por la muerte de una adolescente de 16 años ocurrida en Higüey.

El Ministerio Público estableció que la joven sufrió lesiones que le provocaron una hemorragia severa y posteriormente la muerte, en un hecho que conmocionó a la sociedad por involucrar a una persona que tenía la responsabilidad de orientar y proteger a la víctima.

En el segundo caso, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a 15 años de prisión a Anthony Alexis Payan Reyes, tras encontrarlo culpable de participar, junto a otras cinco personas que permanecen prófugas, en la violación sexual de una adolescente de 15 años.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas médicas, psicológicas y testimoniales que permitieron acreditar la agresión y el impacto físico y emocional sufrido por la menor.

Aunque los hechos ocurrieron en circunstancias distintas, ambos tienen elementos en común: las víctimas eran adolescentes, existió un abuso de poder o de vulnerabilidad y las agresiones tuvieron consecuencias devastadoras. Los dos procesos también evidencian la importancia de las investigaciones especializadas, las pruebas forenses y el acompañamiento psicológico para lograr sanciones judiciales en delitos que suelen estar marcados por el silencio, el miedo y el trauma.

Las sentencias representan una respuesta de la justicia frente a hechos de extrema gravedad, pero también recuerdan que la protección de niños, niñas y adolescentes continúa siendo uno de los principales desafíos sociales e institucionales en el país.

Más allá de las condenas, expertos y organizaciones de defensa de la niñez han insistido en la necesidad de fortalecer la prevención, la educación, los mecanismos de denuncia y la atención integral a las víctimas para reducir la incidencia de este tipo de violencia y garantizar entornos más seguros para la población menor de edad.

mh/mpv