“Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior”, expresó la jefa del Ejecutivo en la ceremonia por el aniversario 84 de la Marina.

A bordo del buque Usumacinta, en el puerto de Lázaro Cárdenas, del occidental estado de Michoacán, la mandataria reconoció la labor de la mencionada institución y la Secretaría de la Defensa Nacional, a las cuales definió como patrióticas, así como a sus titulares.

La jefa del Ejecutivo catalogó a la Marina como una institución de “disciplina, profesionalismo, honestidad, lealtad a la patria y compromiso permanente con el pueblo”.

“México reconoce en ustedes a una institución honorable, profesional y comprometida con los más altos intereses de la nación. Que el ejemplo de quienes nos antecedieron siga guiando su labor, que el orgullo de servir al pueblo de México continúe siendo la brújula”, dijo.

Resaltó a los mares como fuente de vida, identidad y enormes oportunidades, así como “espacios de soberanía que debemos proteger con responsabilidad y visión de futuro”.

“La Marina de México no solo resguarda nuestra soberanía marítima. Hoy desempeña tareas estratégicas, fundamentales para el desarrollo económico, la seguridad y el bienestar del país”, aseveró al resaltar la decisión tomada en el sexenio pasado de encomendarle la administración de los puertos.

Al intervenir en el acto, el secretario de la Marina, Raymundo Morales, afirmó que los mares son fronteras estratégicas “que deben ser custodiadas con responsabilidad, legalidad y visión de Estado”.

Como parte de la ceremonia, la dignataria tomó protesta a 18 buques que fueron abanderados, entregó condecoraciones a personal mercante y naval, y encabezó los honores fúnebres a elementos caídos en el cumplimiento de su deber, refirió un comunicado de la Presidencia.

Sheinbaum se refirió ayer al incremento de una ofensiva en medios y redes sociales contra su administración, tras un accidente en abril en el cual fallecieron dos agentes norteamericanos sin acreditación oficial que habrían participado en un operativo en Chihuahua, gobernada por el opositor Partido Acción Nacional.

La Fiscalía General de la República inició una investigación por posibles violaciones a las leyes y, poco después, Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos sin presentar pruebas que sustentaran esa petición.

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