La determinación se tomó luego de que la titular del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, se viera involucrada en un escándalo de manejo indebido de un caso en que se pagaban 60 mil dólares mensuales por el cuido de un individuo.
Gómez, que no procedió con un referido a ética, como correspondía, optó por cerrar todos los casos de funcionarios que desde hace dos años esperaban por investigación en esa dependencia gubernamental.
Ante la negativa de la secretaria de Justicia de proporcionar la lista de casos, la delegación del PPD en el Senado, encabezada por su portavoz Luis Javier Hernández, procedió a demandarla en el Tribunal Superior de Puerto Rico, en virtud del Artículo 34-A del Código Político que establece un procedimiento especial cuando se solicita información pública.
“El pasado 4 de mayo de 2026, haciendo uso de las prerrogativas como legislador, radicamos la petición de información 2026-0063 para requerir del Departamento de Justicia un listado de los casos que se archivaron en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor y copia de cada Orden de Cierre y Archivo para cada uno de los casos”, planteó el portavoz del PPD en rueda de prensa.
La portavoz alterna del PPD en el Senado, Marially González, indicó que la determinación surgió luego que la delegación investigara el caso de Roig.
«Como parte del proceso, se supone la emisión de la Orden Administrativa 2026-09 adoptada por el Departamento de Justicia, donde establece un proceso para archivar casos luego de dos años en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, que investiga querellas de corrupción gubernamental, violaciones electorales, de ética gubernamental, entre otros delitos cometidos por funcionarios públicos”, explicó la senadora.
Su correligionario, senador Josian Santiago, agregó que a pesar de que la petición de información fue aprobada de forma unánime por el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia se ha negado a proveer la información.
“Han dicho incluso en declaraciones escritas que ellos no cederán a presiones políticas, en un desconocimiento palpable de lo que es nuestra función como legisladores”, apuntó Santiago al subrayar que requerir información a una agencia del Gobierno de Puerto Rico no es un ejercicio de presión política.
jha/nrm
