A fuentes de la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental) atribuyó este martes el conductor del programa televisivo Detrás de la Verdad, Junior Arias, la versión de que Salinas se negó a sacar a la calle a los militares en un presunto estado de excepción.
La dimisión de García, en tanto, era exigida desde hacía varias semanas por el magisterio urbano y rural en protestas callejeras.
Desde hace 34 días, la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a exigir en marchas y bloqueos la renuncia del jefe de Estado Paz.
A partir de entonces, convergen en manifestaciones y bloqueos los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros urbanos y rurales, gremiales y transportistas.
Tal situación provoca un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías durante más de un mes, lo cual impide el acceso a combustibles, oxígeno para hospitales, alimentos, insumos médicos y medicamentos.
Principalmente en La Paz y El Alto es muy notoria la escasez de esos productos, y lo poco que se vende duplicó o triplicó su precio ante la desesperación de la población, que reclama soluciones.
Las nuevas purgas dentro del Ejecutivo de Paz dan continuidad a un proceso de desangramiento iniciado en febrero con la dimisión de la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Margot Ayala, quien en medio de los ataques de diversas fuerzas dio a conocer esa decisión en una conferencia de prensa en la cual denunció una red de corrupción en el sector de los combustibles.
Ante los periodistas, Ayala criticó que la corrupta red se vio afectada por las investigaciones que impulsa una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la importación y distribución del denominado “combustible basura”, que dañó miles de motores de transportistas y de choferes privados.
Este escándalo también provocó la dimisión en abril último de la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Claudia Crónemboldt), así como la destitución del ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli y su reemplazo por Carlos Blanco.
Rechazado por todos los sectores movilizados, el 21 de mayo del año en curso correspondió el turno de dimitir al titular de Trabajo, único jefe de cartera de origen aymara del gabinete, Édgar Morales, quien fue reemplazado por el abogado William Bascopé.
Toda esta sangría en el Ejecutivo de Paz ha tenido lugar en apenas un semestre desde la juramentación del gabinete, el 10 de noviembre último.
En ese lapso, el país vivió conmociones con escándalos como el del “combustible basura”; el de las 32 “narcomaletas” llegadas ilegalmente desde Estados Unidos al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz y cuyo contenido y paradero todavía se desconoce.
Igualmente, pese a la captura en coordinación con la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en Santa Cruz del narcotraficante más buscado de Sudamérica, Sebastián Marset, y su expulsión hacia Norteamérica, tras este acontecimiento se registraron irregularidades.
El dinero y las joyas de este capo permanecieron desaparecidas durante 40 días, hasta que, tras muchas denuncias, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó en una entrevista en el programa televisivo No mentirás, de la cadena RTP, que estaban en una caja fuerte bajo control policial.
Todos estos y otros hechos dañan seriamente la credibilidad del Gobierno de Rodrigo Paz, y mantienen en marchas y bloqueos en calles y carreteras a las fuerzas que lo eligieron, con la exigencia de que también presente su renuncia.
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