El director de la PN, Jaime Fernández, informó en conferencia de prensa que hasta el momento han sido recapturados 126 de los evadidos, mientras permanecen prófugos 69 internos.
Según las autoridades, los hechos se desencadenaron durante un proceso de reclasificación de reclusos que derivó en disturbios en varios pabellones, con detonaciones, enfrentamientos y una fuga masiva que obligó al despliegue de fuerzas de seguridad para recuperar el control del recinto.
El incidente dejó un saldo de cuatro privados de libertad fallecidos y tres agentes policiales heridos, de acuerdo con reportes oficiales.
Fernández precisó que las autoridades tienen plenamente identificados a los prófugos y adelantó que sus datos serán divulgados a través de las redes sociales para facilitar su localización y captura.
“Así como fue efectiva en la captura de 126 personas, la Policía Nacional también será efectiva en la captura de las 69 restantes”, afirmó el jefe policial, quien exhortó a los evadidos a entregarse voluntariamente.
Para enfrentar la emergencia, las autoridades desplegaron alrededor de mil 200 agentes de distintos estamentos de seguridad, incluidos efectivos de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional.
Las unidades mantienen puntos de control y operativos de búsqueda en diferentes regiones del país, mientras se reforzó la vigilancia en áreas cercanas al centro penitenciario, entre ellas Tanara y Paso Blanco, con patrullajes terrestres y aéreos.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, anunció cambios administrativos y operativos en el sistema penitenciario y en la Policía Nacional tras los acontecimientos.
Entre las primeras medidas figura la solicitud de relevo del personal encargado del perímetro de control número uno de La Joyita, además de la suspensión temporal de las visitas familiares en el complejo penitenciario ubicado en el corregimiento de Las Garzas.
La Joyita alberga a cuatro mil 894 privados de libertad distribuidos en 16 pabellones y es considerada una de las cárceles de mayor complejidad de Panamá debido al perfil de alta peligrosidad de parte de su población penitenciaria.
Entretanto, el Gobierno de Costa Rica ordenó reforzar de inmediato la vigilancia en la frontera común ante la posibilidad de que algunos de los prófugos intenten ingresar a su territorio.
De acuerdo con versiones periodísticas, la presidenta tica, Laura Fernández, instruyó al ministro de Seguridad, Gerald Campos, a fortalecer los controles fronterizos como medida preventiva.
Las autoridades panameñas reiteraron que continuarán las investigaciones para determinar responsabilidades por los hechos y fortalecer los mecanismos de seguridad en el sistema penitenciario nacional.
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