La Secretaría de Salud (Sesal), cuya titularidad ostenta el presidente hondureño, Nasry Asfura, convocó para este viernes a un encuentro con el Colegio Médico de Honduras (CMH), con el con el propósito de abordar los reclamos planteados por los profesionales de la medicina.

El CMH intensificó la víspera sus medidas de presión al pasar de las asambleas informativas, iniciadas el lunes, a la toma pacífica de carreteras y calles en diversas ciudades y departamentos de la nación centroamericana, incluida esta capital.

Las acciones responden al incumplimiento de acuerdos alcanzados en abril entre la Sesal y la organización gremial, que continúan sin respuesta por parte de la administración neoliberal de Asfura.

Desde inicios de semana, el CMH realiza asambleas informativas en los centros asistenciales del país para exigir el cumplimiento de los pactos acordados el pasado 22 de abril con la administración del presidente Asfura, quien ostenta además la titularidad de la cartera de Salud.

Las medidas de presión, recurrentes durante los últimos dos meses, se desarrollan en un horario de 07:00 a 19:00, hora local, periodo en el cual únicamente se atienden servicios de emergencia y casos prioritarios.

El Colegio acusa al Ejecutivo del derechista Partido Nacional, en el poder desde el 27 de enero, de no honrar los compromisos acordados en abril con los profesionales de la medicina.

Esos acuerdos estipularon una tregua temporal para frenar las protestas y buscar soluciones a la crisis en el sistema sanitario público, pero hasta la fecha el Gobierno no satisfizo las demandas laborales planteadas por los facultativos.

Entre las principales exigencias del gremio figuran el pago de sueldos atrasados, el reintegro de galenos despedidos, la firma de contratos pendientes, el cumplimiento del reajuste salarial y una mayor asignación presupuestaria para la sanidad estatal.

Además, exigen el respeto a la estabilidad laboral y el desembolso de cesantías a profesionales jubilados.

Según el CMH, más de 500 médicos se encuentran afectados por retrasos en el pago de sus salarios, acumulando entre dos y cinco meses sin recibir sus remuneraciones.

Denunció que esa situación ha generado dificultades económicas para cientos de familias, por lo que exigen una respuesta inmediata de las autoridades competentes para solventar el problema.

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