La Justicia confirmó este viernes la detención preventiva por 180 días en la cárcel de San Pedro del dirigente vecinal de La Paz Justino Apaza, investigado por su presunta participación en la organización y promoción de las medidas de presión que en más de 100 puntos persisten en seis de los nueve departamentos del país.
Esta medida fue dispuesta durante una audiencia cautelar y establece que el acusado permanezca tras las rejas mientras avanzan las pesquisas.
La investigación del Ministerio Público incluye presuntos delitos como instigación pública a delinquir, asociación delictiva, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y contra los servicios públicos.
Esta pesquisa forma parte de las acciones iniciadas por la Fiscalía contra dirigentes identificados como impulsores de las movilizaciones que persisten desde que el 1 de mayo último la Central Obrera Boliviana convocó a este tipo de movilizaciones.
Poco antes de su arresto, Apaza tuvo una destacada participación en un cabildo en la ciudad de El Alto, donde instó a mantener las medidas de presión y los bloqueos en carreteras y accesos a las ciudades de La Paz y El Alto.
Tras la aprehensión el miércoles último en la puerta de su vivienda, familiares de Apaza denunciaron que el operativo se realizó sin que se exhibiera una orden judicial y mediante la reducción por la fuerza.
Apenas horas después de esta captura, este jueves, una operación criticada por familiares de la exsenadora afín a Evo Morales Simona Quispe concluyó con su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz.
Según la hija de Quispe, la exlegisladora de origen aymara fue reducida ante ella mediante la fuerza por encapuchados y subida a un minibús de color blanco sin chapa de circulación.
Igual suerte corrió el mismo día la secretaria de la Federación cocalera Carrasco, Yesenia Vargas, afín al expresidente Evo Morales.
Vargas llegó procedente del Trópico de Cochabamba a la ciudad de EL Alto para unirse a las marchas y bloqueos.
Poco antes de su arresto, afirmó en una entrevista concedida a la Radio Kawasachun Coca que “estamos aquí, estamos firmes, porque tiene que salir este Gobierno. No voy a permitir que este Gobierno esté cinco años más y esté saqueando a nuestro país”.
La víspera, el Senado aprobó en primera y segunda lectura el Proyecto de Ley de Reglamento de Estado de Excepción y remitió a la Cámara de Diputados esa normativa que abre puertas a un mayor grado de represión contra marchistas y bloqueadores.
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