El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, aseguró que la situación actual obligó al Ejecutivo a revisar distintos escenarios para restablecer la circulación y garantizar el orden público.
“Lo que ha sucedido en San Julián demuestra que el conflicto ha entrado a una escala mayor, a una categoría nueva, donde puede ser que haya más hechos con francotiradores”, afirmó respecto a la violencia registrada en esa zona de Santa Cruz durante el desbloqueo ejecutado el domingo último por el Ejército, fuerzas policiales y destacamentos de la Unión Juvenil Cruceñista.
Entrevistado por la periodista Jimena Antelo en el espacio del canal RTP No mentirás, Paredes sostuvo que tras esa experiencia el Ejecutivo revisa las condiciones para una eventual implementación del estado de excepción.
“Por eso justamente es que el Gobierno Nacional está ajustando su estrategia de implementación de esta medida de excepción (…)», comentó.
Explicó el vicetitular que la decisión no depende únicamente de criterios políticos, sino también de factores operativos y económicos, como la preparación de las Fuerzas Armadas y la Policía, el equipamiento adicional y los recursos disponibles.
Advirtió Paredes que, cualquier intervención para restablecer el orden implica riesgos.
“Queremos reducir eso. Es muy difícil eliminar el riesgo. Yo mentiría a la población si diría que esto va a tener cero costo humano”, subrayó.
Enfatizó el vicejefe de la cartera de Gobierno a cargo del Régimen Interior y la Policía, que los efectivos de este cuerpo armado y los militares están preparados para actuar si así lo determina el Gobierno, aunque eludió brindar detalles.
Insistió en que se trata de desarticular un movimiento de fuerzas sociales estructurado en las últimas dos décadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, lo cual mencionó como recuperar el derecho a la libre circulación y minimizar los riesgos para la población y los efectivos de seguridad.
Las declaraciones de Paredes a RTP ocurrieron en la misma fecha en que el presidente Paz promulgó la Ley de Regulación de Estado de Excepción, en medio de cerca de 90 bloqueos en seis de los nueve departamentos del país andino amazónico.
Esta normativa fue criticada la víspera en el canal privado DTV por el diputado de Alianza Popular Rolando Pacheco, porque en su artículo 26 establece la denominada “presunción de legalidad” en caso de que policías y militares disparen contra los movilizados.
Asimismo, advirtió el legislador que en caso de muertes, según el artículo 27, el Gobierno asume el compromiso de garantizar la defensa jurídica de los agentes del orden.
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