La iniciativa, impulsada por legisladores de sectores conservadores, propone modificar la Constitución para permitir que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos en determinados delitos considerados graves.
El tema, expuso agencia Brasil, reaparece periódicamente en el Congreso Nacional y figura entre los asuntos más sensibles de la agenda legislativa vinculada a la seguridad pública.
A criterio de los defensores de la propuesta, la legislación actual resulta insuficiente para enfrentar la participación de menores en delitos violentos y argumentan que la reducción de la edad penal fortalecería el combate a la criminalidad.
Entre quienes apoyan el proyecto existe la percepción de que organizaciones criminales se aprovechan de las disposiciones legales vigentes para reclutar adolescentes,
Sin embargo, amplió la fuente, la propuesta enfrenta una fuerte oposición de especialistas en derechos humanos, organizaciones de protección a la infancia, juristas y movimientos sociales.
Tales sectores consideran que la medida no contribuiría a reducir la violencia y podría agravar los problemas de reincidencia criminal.
Los críticos apuntan que la Constitución brasileña establece la inimputabilidad penal de los menores de 18 años y que el sistema socioeducativo fue concebido precisamente para garantizar la responsabilidad de adolescentes infractores mediante mecanismos distintos a los del sistema penitenciario tradicional.
Diversos estudios realizados en Brasil señalan que los menores de edad representan una proporción relativamente reducida de los autores de delitos violentos.
Sondeos de opinión realizados en diferentes momentos muestran que una parte significativa de la población brasileña respalda la reducción de la edad penal, especialmente en contextos marcados por el aumento de la percepción de inseguridad.
No obstante, diferentes administraciones han evitado impulsar cambios constitucionales en esta materia debido a las complejidades jurídicas y a la falta de consenso entre expertos.
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