Lecornu intentó así aplacar el enojo popular, traducido ayer en 200 manifestaciones en todo el país, a raíz de las fallas de procedimiento cometidas en el caso que impidieron el arresto desde un principio del sospechoso del asesinato de la menor.

El caso de la niña de 11 años llevó al jefe de Gobierno a una reunión con cinco ministros para determinar las medidas a aplicar y en la que propuso imponer cadena perpetua y detenido.

Además, se pronunció por un plazo máximo de tres meses por las gestiones burocráticas para investigar esos casos graves.

El caso de Lyhanna obligó, además, al presidente francés, Emmanuel Macron, a exigir una definición de quienes fueron los responsables de los errores cometidos en el proceso de investigación del asesinato.

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