Ello “a través de la lucha contra la criminalidad y corrupción que ofrecimos a la ciudadanía”, subrayó el mandatario mediante un mensaje en sus redes sociales, a tono con la divulgación de la norma en el Diario de CentroAmérica.

Si una economía es infiltrada por el lavado de dinero y el crimen organizado, eleva los riesgos de invertir en negocios y como resultado se hace muy difícil crear empleo y acceder a crédito, remarcó el jefe de Estado.

Las finanzas de las redes criminales alimentan además la delincuencia que nos ha causado tanto dolor y nos ha llevado a vivir con miedo, aseveró el Gobernante.

Calificó de importante la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros activos y del Financiamiento del Terrorismo, aclamada desde diversos sectores, amplió.

Con esta cambiaremos los vicios del pasado, sanearemos nuestra economía para crear más oportunidades legales y seguras de crecimiento y bienestar para millones de chapines, consideró el político de 67 años.

Estamos abriendo camino a un país donde la transparencia desplaza a la corrupción y el trabajo honrado y decente vale más que la ilegalidad, enfatizó Arévalo.

Donde el crimen no paga y donde todas y todos podemos prosperar en paz y en igualdad. Esa es la Guatemala que merecemos, añadió la autoridad.

Esa es la nación –reflexionó- que estamos transformando, que ofrecimos y seguimos construyendo.

El presidente apuntó primero que durante muchísimo tiempo el dinero sucio y mal habido circuló en el país, “narcotraficantes, bandas criminales y corruptos llenaban sus bolsillos con total impunidad, sin controles, fiscalización, sin castigo”.

Auguró que eso está por terminar, con una Ley que presenté hace 11 meses ante el Congreso, ya una realidad y que muy pronto permitirá tener una economía más limpia y transparente, insistió.

El Decreto 15-2026 entrará en vigor dentro de tres meses, mientras la Superintendencia de Bancos prepara una agenda estratégica e integral para afrontar la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para inicios del 2027.

Esa entidad examinará la capacidad de este territorio centroamericano para prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, según adelantaron fuentes oficiales.

Si el Congreso no actualizaba la normativa (la anterior tenía más de 20 años), el país corría el riesgo inminente de reprobar la evaluación de Gafilat y entrara en lista gris.

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