Una compañía interesada en participar en futuros procesos implementó los ensayos, de tres que se acercaron, explicó la viceministra de Gobernación encargada del área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Stephanie Ortiz.

Aclaró que la prueba no tuvo ningún costo para la cartera y los dispositivos permanecen instalados en la prisión de Zacapa desde el 18 de junio pasado, ya que esta fase terminará mañana.

Durante este período se realizaron verificaciones constantes para determinar la efectividad de la tecnología, explicó la vicetitular.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente en poder determinar si está bloqueada la señal”, subrayó, citada por el medio.

Hemos ido en varias ocasiones a verificar y efectivamente se han hecho pruebas; tanto las compañías de telecomunicaciones Claro como Tigo no pudieron hacer llamadas ni tampoco tener conexiones a través de datos, remarcó.

Los resultados –precisó Ortiz- permiten al organismo definir con mayor claridad las características que deberá tener el sistema que se pretende adquirir para su implementación a mayor escala.

Consideró la vía más fácil una legislación que obligue a las proveedoras de servicio a hacer el bloqueo de las señales.Sin embargo, afirmó, tampoco podemos quedarnos esperando a que el Congreso apruebe esta normativa.

Lo observado en otros países demuestra que los grupos criminales suelen buscar nuevas formas de comunicación cuando se implementan bloqueos convencionales, expuso la funcionaria.

El objetivo es adquirir una solución tecnológica capaz de bloquear las 20 frecuencias de comunicación utilizadas en la nación, amplió.

Trabajamos en la elaboración de los requerimientos técnicos y financieros para lanzar una licitación, adelantó la viceministra.

Existe una mesa de trabajo integrada por personal de la cartera de Interior y del Sistema Penitenciario para identificar los fondos necesarios y realizar las adecuaciones presupuestarias, puntualizó.

La inversión estimada es de 10 millones de quetzales (1,3 millones de dólares) y posibilitaría intervenir ocho centros penitenciarios priorizados por su relación con llamadas extorsivas y operaciones de estructuras criminales, aseveró.

Sin mencionar cuáles son estos, la vicetitular particularizó que la selección se produjo en base a estadísticas institucionales relacionadas con la incidencia delictiva.

Las autoridades de Guatemala y estudios sostienen que una gran parte —e incluso la mayoría— de las llamadas de extorsión tienen origen en centros penitenciarios.

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