«Las actuales movilizaciones de sectores campesinos e indígenas reflejan una nueva etapa, en la que la disputa ya no es entre neoliberalismo y cambio, sino entre la presencia efectiva del bloque popular en el poder y la continuidad o no del proceso de inclusión», afirmó la analista política.

Entrevistada en el programa La Guarida, del canal Abya Yala, Bejerano opinó que la protesta social no ha desaparecido ni se ha debilitado con el paso de los años, aunque sí ha cambiado de naturaleza, en referencia a antecedentes como las denominadas Guerra del Agua (Cochabamba, año 2000) y del Gas (El Alto, 2003).

«En los años 2000 la protesta estaba asociada a la exclusión política y económica. Eran movilizaciones que cuestionaban el modelo de Estado», recordó.

Sin embargo, en su criterio, en el momento actual el conflicto combina demandas sociales con disputas de representación política y luchas por el poder.

Observó que sectores corporativos, organizaciones sociales, plataformas ciudadanas, comités cívicos y facciones partidarias recurren a la movilización como instrumento de negociación y de disputa por el poder.

«El bloqueo se ha convertido en una forma de interlocución reconocida -subrayó la analista-, casi en una institución informal».

De acuerdo con Bejerano, la recurrencia de estas medidas evidencia debilidades estructurales del sistema político.

Al respecto, acotó que la negociación se desplaza desde las instituciones hacia la capacidad de producir daño económico, daño social, daño político o de paralizar el país, lo cual en su criterio muestra una institucionalidad pobre y una gobernabilidad precaria.

La también excandidata a senadora por Alianza Popular en los comicios generales de 2025, consideró que Bolivia vive simultáneamente una continuidad histórica y una nueva etapa de conflictividad.

«Ya no es la confrontación entre el viejo orden neoliberal y el proceso de cambio, sino una disputa más fragmentada, atravesada por liderazgos personalistas, crisis económica y debilitamiento institucional», señaló.

Sobre el tema, precisó que la conflictividad forma parte de la estructura política nacional y subrayó que los gobiernos deben fortalecer los mecanismos de mediación para evitar que las crisis terminen trasladándose nuevamente a las carreteras.

Advirtió que, cuando las instituciones dejan de ser eficaces, la calle suele convertirse en el escenario decisivo de resolución de las disputas.

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