Dicho problema militar desató una crisis energética que frena el crecimiento mundial, según el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con efectos particularmente severos sobre las economías en desarrollo.

La economía global enfrenta un panorama sombrío. El BM recortó drásticamente su pronóstico de crecimiento para 2026, situándolo en el 2,5 por ciento, una cifra que representa la expansión más débil fuera de una recesión en casi dos décadas.

Este ajuste a la baja, que afecta a cerca de dos tercios de las economías del planeta, es consecuencia directa de la guerra en el Medio Oriente y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz, un cuello de botella crucial para el flujo del petróleo a nivel global.

El año pasado, la economía global creció 2,9 por ciento. Ahora esperamos un 2,5, señaló el subdirector del Banco Mundial, Ayhan Kose, al presentar el informe.

El FMI, que en abril había esbozado un escenario adverso con un precio del petróleo en 100 dólares por barril, ya observa una caída en los precios de la energía y las materias primas tras un alto el fuego y la reapertura del estrecho.

Sin embargo, la normalización total no será inmediata, ya que las cadenas de suministro y los precios de los fletes tardarán en adaptarse, según declaró la portavoz del FMI, Julie Kozack.

La volatilidad del mercado persiste y el organismo advierte que el impacto económico del conflicto aún se está desarrollando.

El verdadero peso de la crisis recae sobre los países en desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) identificó a 61 economías vulnerables que dependen tanto de las importaciones de petróleo como de cereales, incluyendo 35 de los países menos adelantados.

Para estas naciones, el aumento en los precios del combustible y los fletes supone una presión insoportable sobre las finanzas públicas y los hogares.

El shock no termina con la reapertura de Ormuz, diga lo que diga el titular, subrayó el portavoz de la UNCTAD, Marcelo Risi. Se estima que las naciones más vulnerables podrían enfrentar un incremento de 20 mil millones de dólares anuales en sus gastos de importación.

El encarecimiento de la energía se traslada directamente a los alimentos, agravando la inseguridad alimentaria.

UNCTAD advierte que un aumento del cinco por ciento en los precios reales de los alimentos eleva en 15 por ciento el riesgo de desnutrición aguda en niños pobres.

En África subsahariana, la situación es crítica; aunque el crecimiento se proyecta en cuatro por ciento, el BM señala que el encarecimiento de los costos de transporte y fertilizantes impactará severamente la inflación y la seguridad alimentaria de la región, que es mayoritariamente importadora neta de energía.

Los gobiernos de estos países, con un espacio fiscal muy limitado, se ven obligados a diseñar medidas de apoyo que sean oportunas, específicas y temporales para no agravar sus ya frágiles finanzas.

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