De acuerdo con fuentes legislativas, alrededor de 170 proyectos de ley aguardan su trámite en el pleno y en las comisiones permanentes, abarcando materias portuarias, económicas, sociales, educativas y judiciales.

La nueva presidenta del primer órgano del Estado, Shirley Castañedas, indicó que esas iniciativas serán atendidas con prioridad para responder a las principales demandas de la ciudadanía.

Entre los asuntos de mayor expectativa figura la reforma al Reglamento, un proceso que permanece inconcluso desde hace más de una década pese a las propuestas impulsadas por distintas bancadas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el Legislativo.

Las modificaciones planteadas incluyen la eliminación del voto secreto, la revisión de beneficios otorgados a los diputados, la aplicación de descuentos por ausencias injustificadas y el respeto al orden cronológico de presentación de los proyectos de ley.

También permanece pendiente la discusión de una iniciativa orientada a fortalecer la integración marítima, logística y portuaria mediante un sistema de intercambio de información entre entidades públicas y actores privados, con el propósito de elevar la competitividad del sector.

En el ámbito judicial destacan el proyecto de ley No. 539, que propone reformar el régimen especial de responsabilidad penal de adolescentes con sanciones más severas para determinados delitos, así como modificaciones a la legislación sobre pensión alimenticia para adecuar los montos a las necesidades de los beneficiarios.

La Procuraduría General de la Administración espera igualmente la aprobación de reformas a su estatuto con el objetivo de actualizar sus funciones y eliminar contradicciones que, según la institución, limitan el cumplimiento de su papel constitucional.

En materia de transparencia, diversas iniciativas buscan fortalecer la ley de contrataciones públicas mediante la creación de un registro digital de personas condenadas por delitos contra el Estado, aumentar los mecanismos de fiscalización de los servidores públicos de alta jerarquía y endurecer las sanciones contra las denominadas «botellas», personas que perciben salarios sin desempeñar funciones.

Aunque el Ejecutivo aún no ha remitido una propuesta integral de reforma educativa, diputados presentaron iniciativas para introducir cambios a la legislación vigente, entre ellas la implementación de un calendario escolar diferenciado según las condiciones climáticas de cada región del país.

Asimismo, regresan al debate los proyectos anticorrupción promovidos por los diputados Ernesto Cedeño y Roberto Zúñiga, cuyo avance dependerá del respaldo político dentro de una Asamblea que anteriormente rechazó iniciativas similares.

Durante el discurso pronunciado esta semana por el presidente José Raúl Mulino ante la AN, el combate a la corrupción no figuró entre los temas centrales de su intervención.

Mientras, las 15 comisiones permanentes del Parlamento, encargadas de analizar y dictaminar las iniciativas legislativas, comenzarán a integrarse el próximo lunes, en medio de negociaciones entre las distintas bancadas para definir su composición y presidencias.

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