El pasado martes, en una conferencia de prensa, el líder de la bancada de oposición en el Senado pidió a quienes votaron desconocer pacíficamente cualquier orden, disposición o mandato de alguien que no acate la condición de guardián y garante de la constitución.

“Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio o la opresión”, expresó.

La solicitud del legislador fue el cierre de una exposición en la que cuestionó, a través de varios argumentos, la capacidad y disposición del mandatario electo de cumplir con los preceptos soberanos de la nación.

Recordó que, al tener ciudadanía estadounidense, De la Espriella prestó juramento de nacionalización en este país, lo cual implica compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia.

A juicio de Cepeda, que algunos de sus representados hayan sido procesados por la justicia de Estados Unidos mientras que él no, amerita que se esclarezca cuál es la naturaleza de su colaboración con las autoridades de esa nación.

Sostuvo que las autoridades estadounidenses deben aclarar si el presidente electo ha sido o es agente o colaborador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de la Agencia Central de Inteligencia CIA o de cualquier otra agencia estadounidense.

Esa condición, remarcó, pondría en tela de juicio su idoneidad para ser jefe de Estado.

Entretanto, ya se dieron las primeras reuniones entre los equipos que liderarán la transición de gobierno en Colombia.

Según informó ayer el ministro delegatario con funciones presidenciales, Germán Ávila, ya se estableció un cronograma de trabajo para el procedimiento en marcha.

Comunicó asimismo que en el proceso intervendrán la totalidad de los ministerios y los departamentos nacionales, en tanto se realizarán 22 mesas de trabajo de concertación y de coordinación sectorial para realizar el intercambio de información.

Abundó que las acciones previstas se ejecutarán durante el mes en curso y afirmó que se prevé dar fin al empalme el próximo 31 de julio.

El ministro expuso además su preocupación por el futuro de las reformas sociales adoptadas por la administración saliente.

Consideró que un sector numeroso de la población estará pendiente “de cómo un nuevo gobierno va a actuar frente a esos programas sociales y esas políticas que implementó este gobierno y que esperamos sean respetadas, y que no se cometa el gravísimo error de detener los logros”.

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