En un comunicado, divulgado este miércoles en redes sociales, la organización indígena alertó sobre «incitaciones a la agresión» dirigidas contra Vargas.
La Conaie responsabilizó al personal y al dispositivo de seguridad vinculado a la empresa Terra Turismo S.A. por cualquier acto de intimidación o violencia que afecte al dirigente o a las comunidades movilizadas en defensa del territorio.
El colectivo advirtió que los hechos ocurren en medio de la defensa del territorio ancestral de Tzawata-Ila Chukapi y de la Asamblea Regional Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
La organización sostuvo que las acciones denunciadas forman parte de una estrategia para dividir a las comunidades, enfrentar a los comuneros y escalar el conflicto territorial.
La denuncia se produce luego de que la Conaie y la Alianza por los Derechos Humanos alertaran a inicios de junio sobre un intento de desalojo de la comunidad kichwa Tzawata-Ila Chukapi, que dejó tres personas heridas.
De acuerdo con ambas entidades, en ese momento unas 200 personas presuntamente vinculadas a Terra Turismo S.A. ingresaron al territorio ancestral con armas blancas, lanzas, motosierras y maquinaria pesada, hecho que los habitantes interpretaron como un intento de desalojo forzoso.
El conflicto se remonta, según las organizaciones indígenas, a una disputa de más de una década por aproximadamente 627 hectáreas de territorio ancestral que habrían sido adjudicadas a Terra Turismo S.A. mediante procedimientos que califican de irregulares.
La empresa, por su parte, ha negado dedicarse a actividades mineras y se presenta como una compañía agrícola.
Ante la situación, la Alianza por los Derechos Humanos solicitó al Estado ecuatoriano adoptar medidas urgentes para proteger la integridad de los habitantes de la comunidad, brindar atención médica a las personas heridas e investigar de manera independiente los hechos denunciados.
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) también rechazó lo ocurrido y afirmó que los hechos constituyen una vulneración de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
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