El pleno declaró desde el pasado lunes «sala ilustrada», procedimiento parlamentario que permite concluir las intervenciones previamente inscritas y avanzar posteriormente a la votación artículo por artículo, sin admitir nuevos discursos ni modificaciones al texto.
Entre los temas que concentran el mayor debate sobresale la eliminación de beneficios otorgados a los diputados, como la exoneración de impuestos para la compra de vehículos, el pago de telefonía celular y el uso de pasaporte diplomático.
La diputada de la bancada independiente Vamos, Alexandra Brenes, consideró que esos beneficios carecen de justificación al tratarse de funcionarios elegidos por voto popular para representar a la ciudadanía.
En contraste, el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, defendió esas prerrogativas al señalar que responden a las responsabilidades inherentes al cargo y no constituyen privilegios personales.
Otra de las propuestas que divide criterios es la incorporación del principio de «quien no va, no cobra», mediante el cual se aplicarían descuentos salariales a los diputados que no asistan a las sesiones del pleno o de las comisiones permanentes.
Las bancadas opositoras Vamos y Seguimos respaldan la iniciativa como un mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas, mientras legisladores del oficialismo argumentan que la labor parlamentaria también comprende actividades en los circuitos electorales y reuniones fuera del Palacio Legislativo.
La diputada Grace Hernández, del colectivo Seguimos, insistió en que el reglamento debe establecer sanciones para quienes incumplan sus funciones, al recordar que la Asamblea mantiene un calendario mínimo de sesiones plenarias y reuniones de comisión.
Según la legisladora, el principal cambio que requiere el primer órgano del Estado es un mayor compromiso de sus integrantes con la asistencia, la puntualidad y el análisis responsable de las iniciativas legales.
Hernández cuestionó además otros beneficios administrativos, como la asignación de vehículos oficiales, placas especiales y múltiples oficinas para algunos diputados, al estimar que cada despacho ya dispone de un presupuesto cercano a los 20 mil dólares para su funcionamiento.
En materia de transparencia, reiteró la necesidad de reforzar las sanciones contra la corrupción mediante una propuesta legislativa que obligaría a los funcionarios condenados por ese delito a devolver los recursos sustraídos con intereses, además de reportarlos a la Asociación Panameña de Crédito (APC) en caso de incumplimiento.
Las reformas al reglamento también incluyen propuestas para eliminar el voto secreto en las decisiones legislativas, garantizar que los proyectos de ley sean discutidos en el orden cronológico de su presentación e incorporar herramientas tecnológicas para agilizar los procedimientos parlamentarios.
Paralelamente, continúa pendiente la integración de las 15 comisiones permanentes, cuya instalación resulta indispensable para reactivar el trabajo legislativo.
Aunque el reglamento no fija un plazo específico para su conformación, diversos sectores han solicitado acelerar el proceso para evitar retrasos en la discusión de las iniciativas presentadas desde el inicio de la nueva legislatura, el pasado 1 de julio.
De acuerdo con el calendario legislativo, la votación definitiva del nuevo reglamento podría concretarse en el transcurso de esta semana, paso considerado fundamental para definir las nuevas reglas de funcionamiento del Parlamento panameño y el inicio pleno de sus labores ordinarias.
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