El grupo investigado realizaba fraudes electrónicos, filtración de datos confidenciales y obstrucción de investigaciones.

Según el portal Brasil 247, la denominada Operación Infiltrados fue ejecutada con apoyo del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público Federal.

Fueron movilizados unos 120 agentes para cumplir 25 órdenes de registro y allanamiento expedidas por la Justicia en los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo.

Las diligencias, puntualizó la fuente, se concentraron en las ciudades de Río de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Cabo Frío, Indaiatuba y Salto.

Según las investigaciones, la organización obtuvo acceso ilegal a datos reservados de clientes y beneficiarios de la Caja Económica Federal, lo que le permitió realizar sustracciones electrónicas de recursos.

Las pesquisas también revelaron que el grupo contaba con una estructura integrada por servidores públicos, abogados y operadores vinculados a redes de contravención.

Todos los implicados presuntamente actuaban de forma coordinada para dificultar el avance de las investigaciones, filtrar información privilegiada y acceder a documentos protegidos por secreto de justicia.

De acuerdo con la PF, la participación de funcionarios públicos permitió el acceso indebido a información confidencial almacenada por la institución financiera, mientras que abogados contratados por la organización habrían intervenido para obstaculizar las pesquisas y favorecer a los integrantes del esquema.

La corporación indicó, además, que la red criminal recibía apoyo de personas vinculadas a actividades de contravención, cuya actuación facilitaba la corrupción de agentes públicos y el mantenimiento del flujo de datos reservados utilizados para ejecutar las operaciones fraudulentas.

Sobre la base de las pruebas reunidas hasta el momento, los investigados podrán responder por los delitos de organización criminal, obstrucción de la justicia y violación del secreto funcional.

En tanto, la PF no descartó que, conforme avancen las investigaciones, puedan imputarse otros cargos relacionados con las actividades del grupo.

La Caja Económica Federal, principal banco público del gigante sudamericano y responsable de la administración de numerosos programas sociales del Gobierno brasileño, ha reforzado en los últimos años sus mecanismos de control y cooperación con los órganos de investigación para combatir fraudes contra sus clientes y beneficiarios.

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