sábado 5 de septiembre de 2026

Enfrentan en Brasil lavado de dinero por grupo criminal

Brasilia, 29 jul (Prensa Latina) El Ministerio Público del estado brasileño de São Paulo y la Policía Civil ejecutaron hoy una operación contra un presunto esquema de lavado de dinero vinculado al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

Con acciones en São José de los Campos, la iniciativa incluyó el cumplimiento de tres órdenes de allanamiento y registro, además del bloqueo judicial de bienes de alto valor, incluidos vehículos e inmuebles de lujo.

Según las investigaciones, los sospechosos utilizaban personas jurídicas para realizar operaciones inmobiliarias destinadas a ocultar el origen, la ubicación y la propiedad de recursos obtenidos mediante el tráfico de drogas.

Agencia Brasil divulgó que las pesquisas comenzaron después de detectarse movimientos patrimoniales incompatibles con la capacidad financiera declarada por los investigados.

De acuerdo con el Ministerio Público estadual, parte del dinero era destinado a un antiguo integrante del PCC, ya fallecido, quien fue condenado durante la Operación Boate Azul, desarrollada en 2016 por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado.

Ese individuo era señalado por las autoridades como responsable del control del tráfico de drogas en la zona sur de São José de los Campos, importante municipio del interior del estado paulista.

La operación de este miércoles es parte de las investigaciones iniciadas hace una década contra la estructura financiera de dicha organización criminal, considerada una de las mayores de Brasil.

En 2016, recordó la mencionada fuente de prensa, la Operación Boate Azul condujo a la detención de 23 personas acusadas de integrar una red dedicada al narcotráfico bajo el mando del PCC.

Más de 100 kilogramos de pasta base de cocaína, marihuana, armas y abundante documentación relacionada con las actividades ilícitas fueron decomisados en aquella ocasión.

La segunda fase de esa pesquisa, iniciada en 2017, alcanzó a 30 policías civiles, denunciados por presunta participación en la organización criminal.

Posteriormente, 26 de ellos fueron condenados por improbidad administrativa, perdieron sus cargos públicos y recibieron otras sanciones, entre ellas la suspensión de sus derechos políticos y el pago de indemnizaciones.

rc/dsa

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