El análisis, elaborado por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), concluyó que 155 de los 371 compromisos evaluados, equivalentes a más del 40 por ciento, carecen de evidencia suficiente en los anexos publicados para respaldar las declaraciones de cumplimiento.

De acuerdo con el estudio, la auditoría reconoce dificultades para dar seguimiento a determinados recursos y evaluar sus resultados, pero aun así considera cumplidos varios compromisos sobre la base de la documentación presentada.

El biólogo Isaías Ramos, integrante de la Mesa Técnica, explicó que esa situación limita la solidez de las conclusiones alcanzadas y hace necesario completar el análisis antes de utilizarlo como fundamento para la toma de decisiones.

Entre las principales inconsistencias señaladas figura la evaluación del sistema de relaves y drenaje ácido, calificado como conforme pese a deficiencias en el monitoreo geotécnico que, según la revisión independiente, restringen la capacidad de respuesta ante eventuales riesgos de inestabilidad.

Asimismo, el documento advierte que no fue verificado un protocolo integral de emergencia para las comunidades ubicadas aguas abajo ni mecanismos efectivos de alerta temprana.

La Mesa Técnica también observó que resultados de laboratorio del Ministerio de Ambiente correspondientes a 2026, que reflejan excedencias significativas en parámetros de calidad del agua, no fueron incorporados al análisis final.

En materia social, precisó que tampoco pudo verificarse el compromiso de destinar cinco millones de dólares anuales a programas comunitarios, debido a que solo fueron revisados registros de 2018 y 2019.

El director ejecutivo del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), Daniel Holness, afirmó que los hallazgos refuerzan la necesidad de que las decisiones públicas se fundamenten en información verificable y suficientemente respaldada.

A su juicio, cuando una parte de las conclusiones de una auditoría no puede corroborarse con la evidencia disponible, corresponde completar el proceso antes de darlo por concluido.

Como resultado de la revisión, la Mesa Técnica recomendó a las autoridades no aceptar el Informe Final mientras persistan los vacíos metodológicos identificados y exigir la evidencia faltante con plazos definidos, asi como asegurar la transparencia y la participación ciudadana conforme al Acuerdo de Escazú.

Los resultados de la revisión independiente se conocen mientras el Gobierno mantiene abierto el análisis sobre el futuro de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón, cuyo contrato de concesión con la empresa canadiense First Quantum fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, tras intensas protestas populares que derivaron en el cierre de las operaciones.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que, aunque no existe un plazo legal para concluir el proceso, el compromiso del Gobierno es presentar una propuesta antes de finalizar el presente año, con el objetivo de poner fin al actual escenario de incertidumbre en torno al proyecto minero.

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