El abogado, docente y constitucionalista Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), indicó que la iniciativa persigue elaborar una nueva Constitución mediante un amplio proceso participativo y no una reforma de la Carta Magna vigente.

En declaraciones al diario La Estrella de Panamá, Bernal sostuvo que el objetivo es dotar al país de un proyecto de Estado construido con el aporte de la ciudadanía, similar al proceso constituyente de 1945 que dio origen a la Constitución de 1946, posteriormente derogada tras el golpe de Estado de 1968.

El jurista subrayó que la actual normativa constitucional ha propiciado, a su juicio, un «autoritarismo constitucional», reflejado en la ausencia de un auténtico Estado de Derecho, de una sociedad con mecanismos efectivos de control institucional y de una mayor participación ciudadana.

Precisó que, una vez concluida la etapa de alfabetización constitucional, se prevé definir los requisitos para quienes aspiren a integrar la Asamblea Constituyente, cuyos miembros serían elegidos mediante voto popular y actuarían con independencia de intereses partidistas.

La propuesta contempla una integración de 55 constituyentes, distribuidos entre 20 representantes nacionales y 35 provinciales, con el propósito de garantizar una representación territorial equilibrada.

Según explicó, el calendario preliminar prevé que la Asamblea Constituyente sesione durante mayo y junio de 2027 para debatir y aprobar el proyecto constitucional, tomando en consideración las propuestas formuladas por diversos sectores de la sociedad civil.

Posteriormente, el texto recorrería el país durante un período de entre seis y nueve meses para su divulgación y discusión pública antes de ser sometido a un referéndum popular, con la aspiración de que la nueva Constitución entre en vigor en enero de 2029.

Bernal consideró que la transformación constitucional constituye una respuesta a la profunda crisis institucional y social que enfrenta Panamá y afirmó que los problemas estructurales del país no podrán resolverse con el actual marco jurídico.

Entre las principales propuestas recogidas durante las consultas ciudadanas mencionó la instauración de una segunda vuelta electoral, mecanismos de revocatoria de mandato, la creación de un tribunal constitucional, modificaciones en los sistemas de elección de diputados y magistrados, así como un mayor énfasis en la meritocracia y la protección de la dignidad humana.

El constitucionalista también defendió la necesidad de fortalecer la participación ciudadana como garantía de los contrapesos democráticos y sostuvo que la libertad de expresión y el derecho a la información deben preservarse como derechos de todos los panameños durante el desarrollo del proceso constituyente.

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