La alianza de pequeños partidos políticos, que ya pidió a Naciones Unidas que investigue la actuación de Marruecos en la última crisis migratoria en Ceuta, lanzó la iniciativa con probablemente poco recorrido, pero sí mucho impacto mediático.

«A la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta», Sumar instaló en el Parlamento un debate a futuro con muchas aristas, según observadores.

Ante la ONU, pidió que se establezca «en ámbitos bilateral, europeo e internacional», esclarecer los hechos, identificación de las personas fallecidas y desaparecidas, depuración de las responsabilidades que correspondan y adopción de mecanismos eficaces de alerta temprana, protección de menores y salvamento de vidas.

Se refería así a la avalancha de 80 mil personas irregulares, que hicieron colapsar a los servicios de seguridad de Ceuta, en lo que para muchos en España, fue un acto hostil promovido por el régimen de Rabat.

De forma tangencial, Sumar busca ahora que el Congreso se pronuncie sobre la conveniencia de que España se replantee la organización del Mundial de Fútbol del año 2030 con Marruecos.

Como quiera que Portugal es la otra sede principal del certamen en 2030, la agrupación insta al Gobierno a estudiar esa posibilidad junto con la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Lisboa.

«El fútbol no puede servir para blanquearlo todo», reza en el texto de la iniciativa, que añade que ante una eventual negativa de la FIFA, el Gobierno debería poner sobre la mesa alternativas y «actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos».

Asimismo, Sumar defiende la necesidad de «realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2030, a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta».

Quiere, igualmente, que el Gobierno informe al Congreso de las conclusiones de esa revisión, y también busca que, «con pleno derecho su autonomía» se pida a la Federación Española de Fútbol que active los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para revisar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos.

Se refiere así al compromiso expreso “a la organización con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos».

El documento lo firman tres diputados de Izquierda Unida y una cuarta parlamentaria del grupo en la Cámara Baja.

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