El documento, con una serie de modificaciones de última hora, fue enviado la víspera y este martes la presidencia de la Cámara Alta informará oficialmente su ingreso.

A continuación, el pleno definirá qué comisión parlamentaria, si la de Constitución o Seguridad, asumirá el análisis del proyecto y los primeros debates técnicos.

Cómo fue entregado con carácter de suma urgencia, el Congreso tiene un plazo de 15 días hábiles para su discusión y despacho en esta primera etapa.

Debido a objeciones dentro de su misma coalición de gobierno, Kast debió hacer concesiones y eliminar algunas de las medidas más polémicas para garantizar los votos necesarios en el pleno de senadores y diputados.

Una de ellas fue suprimir la norma de que las personas condenadas por vínculos con el crimen organizado perderían hasta por 15 años el acceso a la salud pública.

La misma ministra del ramo, May Chomali, calificó la iniciativa como una propuesta incompatible, pues entra en colisión con normas vigentes obligatorias para su cartera, tal como la exigencia de atender a cualquier persona en riesgo vital sin condiciones previas.

Además, señaló, viola la misma Carta Magna donde está consagrado el derecho a la salud, además de significar un riesgo pues limitar o eliminar la atención a la población penal puede generar casos masivos de enfermedades infectocontagiosas.

En general ocho, de las 11 modificaciones a la Constitución originales, fueron entregadas al Organismo Legislativo.

Algunos de los puntos a debate son la modificación del artículo uno, para consagrar la seguridad pública como una obligación del Estado.

El exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil dijo estar “sorprendido” por esta propuesta porque la carta magna en su artículo primero, inciso quinto, dice claramente que es deber del Estado dar protección a la población.

Dentro de las reformas figura también elevar a rango constitucional el combate a las organizaciones criminales y conductas terroristas y la creación de regímenes penitenciarios especiales para restringir comunicaciones, limitar visitas o trasladar a condenados de alta peligrosidad a recintos especiales.

Establece, de igual manera, la creación de un nuevo Estado de Excepción que puede extenderse hasta 120 días y la prohibición de por vida a ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por terrorismo o narcotráfico.

Como se trata de modificar la Ley Fundamental del país, el Gobierno necesita obtener el voto favorable de cuatro séptimos de legisladores, o sea 89 diputados y 29 senadores.

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