En entrevista con Prensa Latina, Meneses, dirigente de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ), señaló que las nuevas disposiciones hacen operativo el Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA), suscrito entre Quito y Washington en 2023 y ratificado en 2024.

El acuerdo del Ministerio del Interior de Ecuador, publicado esta semana, establece un procedimiento que facilita el ingreso de militares estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas de ese país.

«El proceso es increíblemente simple y bajo poco control, es decir, cualquier persona que presente una identificación estadounidense y una orden de viaje del Departamento de Defensa puede entrar sin ningún problema», afirmó Meneses, quien consideró especialmente preocupantes las inmunidades, exenciones tributarias y facilidades concedidas.

El analista cuestionó que Estados Unidos mantenga jurisdicción sobre su personal en determinadas circunstancias y advirtió que esto limita las capacidades de control del Estado ecuatoriano, ya que determinados delitos cometidos por esos extranjeros en territorio del país sudamericano no serían juzgados por tribunales nacionales.

El acuerdo establece un procedimiento migratorio específico para los beneficiarios del SOFA, quienes podrán permanecer en Ecuador hasta 180 días no renovables dentro de un año, con posibilidad de múltiples entradas.

No obstante, aclaró que la presencia estadounidense ya está activa desde hace algún tiempo y se han hecho públicas algunas operaciones, incluida una en la frontera norte bajo escrutinio por presuntas violaciones de derechos y agresiones a la población.

«Se destruyó, por ejemplo, una finca lechera presentada como un campamento de narcotráfico y resultó que no tenía nada que ver con eso, era mucho más una operación de comunicación, y hay denuncias aún más graves sobre ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas con detenciones irregulares, malos tratos y hasta desapariciones», argumentó.

Asimismo, sostuvo que la modalidad prevista por el nuevo acuerdo podría permitir una presencia funcionalmente permanente, aunque no se utilice formalmente la denominación de «base militar».

«El tipo de presencia equivale a una base», señaló Meneses, que se refirió a la existencia de contingentes rotativos, el acceso a instalaciones ecuatorianas, los sistemas de comunicación y el ingreso de equipos, aeronaves y buques estadounidenses.

Recordó que la posibilidad de establecer bases militares extranjeras fue rechazada en una consulta popular en noviembre de 2025, pero la actual modalidad de cooperación estaría reproduciendo algunas de las funciones de una instalación militar sin emplear ese nombre.

«Esto contradice totalmente la voluntad popular y nos pone cada vez más en riesgo a los ecuatorianos», subrayó.

Meneses vinculó esta política con un escenario geopolítico más amplio y consideró que Ecuador ocupa una posición estratégica en la política de seguridad de Estados Unidos hacia América Latina.

En sus declaraciones a esta agencia, el politólogo consideró que esta estrategia trasciende la lucha contra el narcotráfico y responde a la disputa de Washington con el orden multipolar que se consolida alrededor de China, Rusia y otros actores.

En ese escenario, sostuvo que la solicitud para que Ecuador sea considerado aliado principal extra-OTAN reforzaría su papel estratégico y facilitaría el acceso a financiamiento, armamento, entrenamiento y tecnología estadounidense, lo cual podría involucrar al país en un conflicto ajeno.

El Gobierno ecuatoriano, por su parte, ha señalado que las disposiciones buscan garantizar la aplicación del SOFA y fortalecer la coordinación institucional para cumplir los compromisos derivados del acuerdo internacional, bajo los principios de soberanía nacional y cooperación.

El documento establece además que el Ministerio del Interior se encargará de los procedimientos administrativos de registro y control migratorio del personal comprendido en el estatuto, sin modificar el contenido del tratado internacional.

La publicación en el registro oficial de la más reciente normativa coincidió con la visita a Ecuador esta semana del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien se reunió en Quito con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y la cúpula militar ecuatoriana.

Para Meneses, las garantías otorgadas al personal estadounidense representan un asunto que trasciende la cooperación bilateral en seguridad.

«Estamos en un momento de una operación totalmente equivalente a una base militar en Ecuador», sostuvo.

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