La más reciente de las iniciativas impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella es la llamada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas) para acondicionar buques de la Armada Nacional como correccionales flotantes en altamar.

A esta idea se suma la edificación de centros de máxima seguridad para recluir a los criminales más peligrosos del país.

“Esas cárceles se van a construir para aquellos que tanto daño le han hecho a la República, para que paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano”, afirmó recientemente el gobernante.

“Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad, sin otra posibilidad que cumplir la pena que les ha sido impuesta”, sentenció.

Lo que queda claro en Colombia en torno al tema es el enfoque de mano dura que se le dará a la población carcelaria.

No obstante, persisten serias dudas acerca de si la implementación de esa política se realizará con apego a las leyes nacionales e internacionales.

Según trascendió, el esquema de financiación del megaproyecto penitenciario provendrá del sector privado, a cuyo cargo quedaría la administración operativa de los complejos mediante concesiones a largo plazo.

Los reos, por su parte, tendrían la obligación estricta de trabajar dentro de las megacárceles, un modelo que ya existe a pequeña escala en Colombia.

Pero, una vez que la gestión de infraestructura se convierta en un gran negocio, ¿será capaz el Estado de garantizar que no se promueva el aumento constante de la población carcelaria solo para sostener un sistema empresarial?

Este punto, advierten analistas, podría entrar asimismo en contradicción con los tratados internacionales firmados por el país y también con su Carta Magna.

La legislación interna actual solo concibe el trabajo en prisión como un derecho y un mecanismo voluntario de resocialización y, a la par, permanece vigente la prohibición de políticas que podrían considerarse una forma de trabajo forzoso.

También hay dudas sobre la efectividad de un aparataje que atacaría la consecuencia de un fenómeno mientras deja intacta sus causas.

Otras críticas tienen que ver con cuestiones logísticas.

Entendidos refieren, por ejemplo, que el retiro de buques de guerra activos (como las fragatas Almirante Padilla o Caldas) para usarlos como calabozos, debilitaría la capacidad de la Armada para combatir las redes de narcotráfico en las rutas marítimas.

Por otra parte, alertan defensores de derechos humanos que el régimen de aislamiento extremo que se experimentaría en los buques-prisiones, donde los privados de la libertad tendrían solo 20 minutos de sol diarios y celdas hiperreducidas, violaría los tratados internacionales de reclusión.

Naciones Unidas establece que las personas privadas de la libertad conservan todos sus derechos humanos, con excepción del de la libre locomoción debido a su condena judicial y aquellos adicionales que se contemplen en la legislación de cada país.

Aclara, además, que las prisiones no deben infligir un sufrimiento adicional al del encierro, y que el objetivo principal de la pena debe ser la rehabilitación, no el castigo físico o moral.

No obstante, las intenciones manifiestas del nuevo gobierno de eliminar las restricciones jurídicas de tratados como el Pacto de San José, entre otros que prohíben este tipo de medidas, buscarían allanar el camino para la ejecución de la pretendida política.

Es harto conocido que el gobierno de De la Espriella valora retirar a la nación tanto de la Corte Penal Internacional como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ante las innumerables dudas, las políticas impulsadas por el Ejecutivo en torno al tema tienen el potencial de encontrar resistencia por parte del sistema jurídico del país.

De igual manera podría pasar que, como ya ocurrió antes, ciertos pronunciamientos del presidente condiciones existentes para materializarlos.

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