El abogado Julio César Cueva criticó este lunes, en declaraciones a la prensa, la decisión oral emitida el pasado sábado por un Tribunal de Garantías Penales dentro del denominado caso Triple A.

La corte consideró a Álvarez como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.

Cueva calificó la resolución de breve y señaló que contiene, a su juicio, contradicciones jurídicas y contables que la defensa impugnará una vez que el tribunal entregue la sentencia por escrito.

“Álvarez y su familia no han sido investigados por fiscales objetivos y no han sido juzgados por jueces imparciales”, afirmó el jurista, para quien la decisión “no refleja lo que pasó en el juicio” y cuestionó varios de los argumentos.

El burgomaestre, uno de los principales opositores políticos del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena, y es considerado por diversos sectores como un perseguido político.

La condena por el caso Triple A constituye la segunda sentencia en su contra, pues otro tribunal le impuso tres años de prisión en el denominado caso Grillete, relacionado con el incumplimiento del uso de un dispositivo electrónico de vigilancia.

Sin embargo, Cueva aseguró que ninguna de las dos decisiones está ejecutoriada y, por tanto, Álvarez conserva sus derechos políticos y civiles y “él sigue siendo alcalde”.

El proceso Triple A comenzó tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alertó sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles.

La Fiscalía sostuvo durante el proceso que existieron diferencias entre los volúmenes de combustible despachados y los facturados por varias empresas ligadas al alcalde guayaquileño y su familia, y calculó un perjuicio estatal superior a 61,5 millones de dólares.

No obstante, la defensa rechazó esos cálculos y sostiene que la sentencia presenta inconsistencias que demostrarán durante las siguientes etapas judiciales.

oda/avr