Los expertos advirtieron que persisten vacíos de información que podrían afectar las decisiones sobre el cierre del proyecto.

Las críticas trascendieron durante el V Foro Ciudadano “Cierre minero: una decisión sobre nuestro futuro como país”, organizado por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), señaló que la auditoría terminó limitada a la revisión documental de 371 compromisos, con información proporcionada fundamentalmente por la empresa Minera Panamá.

El auditor ambiental Gabriel Jácomo advirtió, además, sobre deficiencias en el seguimiento estatal y cuestionó la evidencia utilizada para considerar cumplidos determinados compromisos.

Una revisión independiente divulgada en julio determinó que 155 de los 371 compromisos evaluados, más del 40 por ciento, carecían de evidencia suficiente para respaldar las declaraciones de cumplimiento.

Entre las principales preocupaciones figuran el manejo de los relaves, la calidad del agua, el drenaje ácido, la estabilidad de las instalaciones y la ausencia de mecanismos integrales de emergencia y alerta para comunidades aguas abajo.

Los participantes insistieron en que el cierre no significa el fin de las responsabilidades ambientales, pues el monitoreo, la restauración y el control de riesgos podrían prolongarse durante décadas.

Cobre Panamá suspendió sus operaciones en noviembre de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su contrato de concesión, en medio de masivas protestas populares.

El Gobierno mantiene abierto el proceso para definir el futuro de la mina y prevé contar antes de finalizar 2026 con las recomendaciones de una comisión interinstitucional de alto nivel designada para auditar el proyecto, pero con frecuencia anuncia estudios sobre su posible reapertura.

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