La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la presentación de los avances de la producción arrocera durante las últimas dos décadas, período en el que la cosecha nacional del grano blanco aumentó de 9,2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14,8 millones en 2025.
La actividad puso énfasis en la investigación agrícola, el desarrollo de nuevas variedades y las medidas para elevar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad del cultivo, considerado estratégico para la seguridad alimentaria del país.
El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, destacó que el cereal constituye una fuente de ingresos para miles de familias vinculadas a las labores agrícolas, su comercialización y la industrialización.
El funcionario también destacó los subsidios para semillas certificadas y fertilizantes, el financiamiento a tasas preferenciales, los seguros agropecuarios y el mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje, entre otras medidas de apoyo a los productores.
La presentación tiene lugar después de que el presidente Luis Abinader derogó el decreto 693-24, emitido en diciembre de 2024 para establecer medidas arancelarias destinadas a regular las importaciones de arroz y proteger la producción nacional.
Tal decisión se produjo en medio de las conversaciones comerciales con Estados Unidos sobre el acceso de su arroz al mercado dominicano y de las reclamaciones de Washington relacionadas con los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
El decreto suprimido establecía un arancel de 20 por ciento para determinadas categorías de arroz dentro del contingente correspondiente y de hasta 99 por ciento para las importaciones que excedieran ese volumen. También contemplaba una cuota de 23 mil 300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero.
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) advirtió que la derogación genera incertidumbre para el sector y solicitó al Gobierno que explicara qué medidas adoptará para proteger a los trabajadores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
Por su parte, el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó una evaluación de la política arrocera de los últimos años y la presentación de un plan de contingencia y modernización con recursos y plazos definidos.
En ese contexto, Bautista subrayó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones públicas, los productores, los investigadores y los privados para consolidar los avances,
El acceso a nuevas tecnologías, la mejora de las infraestructuras agrícolas y la revisión de los mecanismos de comercialización figuran entre los aspectos señalados por el funcionario para elevar la competitividad de la producción nacional.
mar/mpv





