“La Constitución de Puerto Rico establece con claridad que nuestro sistema de gobierno tiene como meta promover el bienestar general y asegurar el goce cabal de los derechos humanos; en tiempos recientes hemos observado limitaciones preocupantes a derechos esenciales y a la justicia”, expresó la presidenta de la institución de letrados, Vivian Godineaux Villaronga.

El Caapr destacó los atropellos sufridos por personas que han ejercido su derecho constitucional a expresarse y a manifestarse en defensa de bienes esenciales como el agua y la energía eléctrica.

La respuesta del gobierno, que encabeza Jenniffer González, ha reaccionado con despliegues desproporcionados de fuerza policíaca, genera serias preocupaciones sobre la seguridad de los manifestantes y posibles violaciones a sus derechos constitucionales.

Yanira Reyes, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, se refirió, además, a las limitaciones cada vez más evidentes al ejercicio de la libertad de prensa, que deben ser atendidas con urgencia.

“El acceso a la información pública es un derecho constitucional; la prensa necesita libertad para investigar, preguntar, informar y fiscalizar, ya que la libertad de prensa es un pilar de toda sociedad democrática”, manifestó.

De igual forma, las portavoces reafirmaron que es deber estatutario de la institución proteger la independencia, la libertad y la seguridad de la abogacía, que son elementos indispensables del estado de derecho y la salud democrática del país.

“Las abogadas y abogados son trabajadores esenciales del acceso a la justicia. Nos une una preocupación fundamental y un compromiso irrenunciable: defender y reafirmar la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la profesión legal, pues nuestra labor requiere independencia de criterio y la garantía de que factores externos no condicionen el ejercicio responsable de nuestras funciones”, apuntó Godineaux Villaronga.

La representación legal incluye, anotó, la defensa de derechos constitucionales, de personas acusadas, comunidades marginadas, víctimas de abuso, trabajadores, consumidores, inmigrantes, personas sin recursos y otros sectores vulnerables.

“La abogacía no es una actividad meramente privada ni un oficio cuya importancia dependa de la popularidad de los casos que se atienden; somos abogadas de familia, abogadas de defensa de personas acusadas, abogados de casos civiles y también somos fiscales y jueces”, detalló.

Reyes, por su parte, expuso que “nuestro trabajo no debe estar amenazado por la identidad de la persona representada, porque el caso sea uno de alto interés público o porque nuestra posición jurídica no sea del agrado del gobierno de turno», que controla el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside la mandataria González.

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