Como parte de un pronunciamiento que alude a un evento ocurrido en 2017, el tribunal concluyó que si las manifestaciones terminan en hechos de violencia pierden de forma automática su carácter constitucional.

El evento sobre el cual dictaminó la Corte se remonta a nueve años atrás cuando, en la planta Chichimen de la empresa Ecopetrol, ubicada en el departamento del Meta, un grupo de trabajadores saltó vallas, bloqueó el ingreso de maquinaria y paralizó la producción por varios días.

Debido a ese evento, el Consejo de Estado emitió una sentencia que ordena una indemnización económica a favor de la petrolera estatal y, de paso, sentó un precedente sobre el tipo de protesta que recibiría amparo legal.

“Debe decirse que, aunque es cierto que el mismo artículo 37 [de la Constitución] es claro en expresar que el ejercicio del derecho a la protesta solamente puede ser limitado de manera expresa por la ley, no lo es menos que este debe expresarse de manera pacífica ya que de lo contrario pierde su protección constitucional”, dice uno de los apartados del fallo.

En resumen, el tribunal estimó que el derecho a la protesta no ampara actuaciones que limiten otras prerrogativas, o afecten el normal el desarrollo de actividades económicas o productivas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, solo en 2025, se registraron en Colombia cuatro mil 39 protestas en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá, lo que representó un incremento del cinco por ciento frente al año precedente.

Estimó el organismo que la conflictividad social en el país está marcada por problemáticas estructurales relacionadas con los derechos de los trabajadores, el acceso a servicios públicos, la débil presencia estatal y la garantía de derechos fundamentales.

El fallo del Consejo de Estado se conoce cuando el líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, señala al presidente Abelardo de la Espriella de impulsar un modelo que busca la criminalización de la protesta social y el debilitamiento de la oposición.

Según planteó el congresista, las medidas propuestas por el Ejecutivo, bajo la excusa de reforzar la seguridad ciudadana, amenazan el Estado de derecho y restringen el disenso pacífico.

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