En una entrevista televisiva, dijo que la norma es inconstitucional porque los jefes de Estado, que tienen el título de Jefe Supremo de las Fuerzas Armdas y la PNP, deberían tener la facultad de cambiar al jefe de la Policía al inicio de su mandato y escoger al sucesor.

Los mandatarios tenían ese poder hasta 2021, cuando el Parlamento, con el apoyo del partido de la actual presidenta, Keiko Fujimori y sus aliados, aprobaron la norma para impedir que el entonces presidente Pedro Castillo pudiera reemplazar al jefe de la Policía.

Gálvez argumentó que si asume un nuevo gobierno, debe tener un comandante general de la PNP de su confianza pues al comandante supremo de las fuerzas armadas y policiales, ¿cómo le van a quitar la facultad de cambiar al comandante general al inicio de su gobierno?”. Reveló también otro motivo para el retiro del jefe policial, el hecho de que, pese a que la Fiscalía de la Nación y la PNP deben mantener constante contacto pues la estrategia de investigación policial la determina la primera, pero Gálvez no tiene comunicación con Arriola.

Explicó que no trata con Arriola desde que este le exigía, “descortés y prepotente”, que detenga indebidamente por delito flagrante a autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP) por fallas logísticos en los comicios generales de junio pasado, como pedía el candidato de derecha extrema Rafael López Aliaga.

Gálvez reveló también que en el complejo caso del secuestro de un empresario y el asesinato de sus cuatro acompañantes, en la norteña ciudad de Trujillo, la Policía marginó a la fiscalía de las pesquisas e interrogatorio a los detenidos por el hecho.

El fiscal supremo contra la Criminalidad Organizada, contacto con Arriola, por su parte, dejó abierta todas las posibilidades por investigar, al ser preguntado sobre la sospecha de que los plagiarios y asesinos, por su estatura¡a y corpulencia, así como su frialdad y eficiencia, sean militares o policías.

El semanario opositor Hildebrandt en sus Trece reseña el caso y en afirma que el caso es “Una farsa al descubierto”, en alusión a las dudas y desmentidos sobre el tema, como el anuncio gubernamental de que se había capturado a los culpables al día siguiente de que el empresario Jenss Lara fuera secuestrado y a los autores del crimen.

Todo indica que los jóvenes detenidos no son los autores directos del secuestro, aunque estén implicados, y el padre del plagiado afirmó que su hijo no fue rescatado por la Policía pues gestiones familiares con contactos que no precisó lograron la libertad de Lara.

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