La diligencia, instalada durante la madrugada y desarrollada de forma reservada en el Cuartel Modelo de Guayaquil, corresponde al denominado caso Laberinto y está a cargo del juez Harry Navarrete, de la Unidad de Garantías Penales y Flagrancias de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
La Fiscalía investiga el presunto ingreso de recursos de origen ilícito al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento político al que pertenece González y que rechazó esas acusaciones.
En 2023, ella fue candidata a la presidencia junto a Andrés Arauz y ambos disputaron la segunda vuelta electoral frente al actual mandatario, Daniel Noboa.
De acuerdo con José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública y funcionario cercano al gobernante, uno de los principales ejes del proceso es determinar el origen y destino de 500 mil dólares vinculados a gastos de financiamiento electoral.
En un video de más de seis minutos, publicado este viernes en sus redes sociales, el funcionario menciona el supuesto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la RC, partido fundado y dirigido por el exmandatario Rafael Correa.
Neira también se refiere a los aparentes vínculos con empresas ligadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro.
Al término de la audiencia, el juez deberá resolver si ordena prisión preventiva para los investigados o dispone medidas alternativas.
La detención de González causó un revuelo en el ámbito nacional, donde diversas organizaciones políticas y sociales se pronunciaron contra la aprehensión.
La titular de la RC, Gabriela Rivadeneira, consideró el hecho como parte de la persecución política contra el partido y llamó a movilizaciones para exigir la libertad de su idearia, a quien calificó de prisionera política.
Rivadeneira afirmó la víspera en una rueda de prensa que el Ejecutivo busca desviar la atención de los problemas reales que atraviesa el país mediante actuaciones judiciales contra sus adversarios.
“Quieren tapar la crisis energética, la crisis de salud, la crisis educativa, la crisis de inseguridad”, aseveró y añadió que el Gobierno recurre a “shows mediáticos” en vísperas de los comicios locales.
El 29 de noviembre los ecuatorianos deberán elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y otras autoridades locales en un proceso electoral marcado por las denuncias de obstáculos a la participación de la oposición.
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