La organización política que agrupa a las fuerzas de izquierda y encabeza la economista Maribel Gordón emitió un pronunciamiento para reclamar una participación directa de los sectores populares en la etapa preparatoria hacia una nueva Constitución.

En respuesta a una comunicación de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), el FAD consideró urgente crear condiciones que permitan la participación organizada y directa de los distintos sectores sociales, particularmente aquellos históricamente excluidos, como vía para impulsar una Constituyente Originaria y Soberana.

A juicio de la organización, una nueva carta magna no puede elaborarse de manera abstracta ni al margen de la realidad nacional, sino que debe responder a las demandas e intereses de la sociedad y contar con condiciones políticas y sociales que garanticen su viabilidad.

En ese sentido, el colectivo expresó preocupación por el escenario que, según afirmó, está marcado por autoritarismo, represión, persecución y procesos judiciales contra dirigentes y organizaciones sociales, además de corrupción e impunidad que alcanzarían a los distintos órganos del poder público.

Por ello, rechazó que sean las instituciones tradicionales del Estado o el Tribunal Electoral las encargadas de definir las condiciones para elegir a los constituyentes y conducir el proceso, al considerar que una Asamblea Constituyente debe surgir de las bases sociales y populares y no estar limitada por los mecanismos de la actual Constitución.

La organización sostiene que su propuesta apunta a una Asamblea Constituyente Originaria, Soberana y autoconvocada, con plenos poderes, como instrumento para una eventual refundación del Estado panameño.

El calendario preliminar anunciado prevé que la Asamblea sesione durante mayo y junio de 2027 para debatir y aprobar un proyecto constitucional elaborado a partir de propuestas de distintos sectores de la sociedad.

Posteriormente, el texto sería sometido a un proceso de divulgación y discusión pública durante entre seis y nueve meses, antes de llegar a un referéndum nacional. De ser aprobado, la nueva Constitución entraría en vigor en enero de 2029.

En los últimos siete días y de cara a los comicios generales de 2029, también la Asamblea Nacional(parlamento) acogió para su análisis un proyecto de reformas al Código Electoral presentado por el Tribunal Electoral (TE), iniciativa que introduce cambios en la distribución de circuitos y las reglas de competencia política.

La iniciativa pretende corregir distorsiones detectadas en la asignación de curules en el Legislativo y mejorar las condiciones de competencia para las candidaturas por libre postulación.

Otro componente está relacionado con el fortalecimiento de la transparencia y fiscalización del financiamiento político, así como con la institucionalidad de los partidos y las garantías de equidad durante las campañas electorales.

Las reformas llegan al parlamento en momentos en que distintas agrupaciones y movimientos independientes avanzan en sus aspiraciones de convertirse en partidos políticos.

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