De acuerdo con un comunicado de la entidad, los ocho hombres se alejaron el pasado 2 de septiembre de la embarcación principal a bordo de pequeñas lanchas utilizadas para actividades pesqueras a raíz del ataque de las fuerzas extranjeras.

La noticia sobre su localización llegó después de varias horas de incertidumbre entre sus familiares y organizaciones de derechos humanos, que reclamaban información sobre el destino de los tripulantes.

Este sábado, durante una audiencia constitucional de hábeas corpus en la ciudad de Manta, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que, de los 17 pescadores que zarparon legalmente en el Conquista II, solamente nueve habían regresado al país.

Los tripulantes retornados llegaron a la ciudad de Manta junto con otros pescadores de embarcaciones intervenidas en los últimos días y enfrentaron una audiencia debido a las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, el juez determinó que no existían elementos para calificar la flagrancia y dispuso la liberación de los 28 pescadores que permanecieron detenidos.

Durante la audiencia, el magistrado ordenó requerir información urgente a la Armada, la Policía, la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos para esclarecer el paradero de los ocho pescadores entonces desaparecidos.

La Armada también informó que 26 ocupantes de la embarcación ecuatoriana María Candelaria, cuarta embarcación interceptada por los militares estadounidenses en nueve días, están en proceso de traslado hacia Manta.

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos sostienen que las naves intervenidas funcionaban como puntos de reabastecimiento de combustible para actividades de narcotráfico vinculadas con la organización criminal Los Choneros.

No obstante, los pescadores y sus familiares rechazan esos señalamientos y aseguran que realizaban trabajos pesqueros.

En total suman siete embarcaciones ecuatorianas que este año han sido atacadas en altamar por parte de las fuerzas navales estadounidenses.

En opinión del abogado Fernando Bastias, del CDH, “todo es un show y siguen jugando con la seguridad de las personas. La ineptitud pone en riesgo la vida e integridad de las personas”.

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