El 4 de septiembre, la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) anunció una operación para desmantelar una banda encabezada por altos funcionarios de la Fiscalía General vinculada a los centros de llamadas fraudulentas.
La Fiscalía Especial Anticorrupción publicó el sábado en su canal de Telegram información sobre los allanamientos en la oficina del fiscal general, adjuntando una foto de una caja fuerte llena de fajos de billetes.
El propio Krávchenko declaró antes que no iba a dimitir pese al escándalo, pero el lunes, el fiscal general comunicó que había sido citado el martes para comparecer ante el Parlamento para explicar la investigación que llevaba a cabo la NABU sobre los centros de estafas.
Según informes de la prensa, en Ucrania operarían alrededor de dos mil centros de llamadas fraudulentas, la mitad de ellos estarían controlados por altos funcionarios del gobierno.
La edición ucraniana de Zerkalo Nedeli desveló que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU por sus siglas en ucraniano) se encargaba de cobrar los cupos a los administradores de los centros de estafas y cada uno de ellos desembolsaba unos 20 mil dólares mensuales.
En la trama, aseguró, estarían implicados funcionarios del SBU, el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Servicio Estatal de Fronteras y otras instituciones.
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