Este lunes fueron aprobados el primer artículo del proyecto de reforma electoral, que introduce la posibilidad de bloquear a los candidatos principales y hasta tres preferencias para una lista de seis candidatos.
Del texto se eliminó la denominada regla «anti-bush» que introducía un umbral mínimo de votos para los partidos minoritarios que forman parte de una coalición, permitiendo que todos los puntos cuenten para la asignación del premio de mayoría o bonificación de gobernabilidad a nivel nacional.
Sin embargo, se incrementó a seis mil el número de firmas requeridas para que los partidos políticos sin representación parlamentaria puedan presentarse a las próximas elecciones generales, cuatro veces el límite vigente, medida que fue fuertemente criticada por la oposición.
Según se informó, también se aprobó el segundo artículo del proyecto de ley, que incluye cambios en el sistema de elección al Senado.
Tras haber recibido la aprobación inicial de la Cámara de los Diputados el pasado 16 de julio, el texto pasó a la Cámara Alta parlamentaria controlada por la coalición de centro-derecha integrada por Hermanos de Italia (63 senadores), dirigida por Georgia Meloni; Liga (29), de Matteo Salvini; y Forza Italia (20), por Antonio Tajani.
El proyecto de ley debe quedar aprobado y promulgado antes de los comicios generales de 2027, ya que su propósito explícito es regular los requisitos de coaliciones, premios de mayoría y listas para esas elecciones generales.
No obstante, debido a los tiempos legislativos, el Gobierno y sus aliados impulsaron el calendario acelerado para blindar la normativa en este mes de septiembre, evitando así que el debate coincida con la compleja tramitación de los Presupuestos del Estado, la cual absorbe toda la atención de las Cámaras durante el último trimestre del año.
Los partidos aliados al Ejecutivo de Meloni defienden que la reforma acabará con la histórica inestabilidad gubernamental en Italia y garantizará que las coaliciones ganadoras puedan gobernar sin ser rehenes de pactos sorpresa.
Apodada técnicamente como Stabilicum y popularmente como Melonellum, según el diario La Republicca, la propuesta es calificada por la oposición como «ley estafa», diseñada a la medida para blindar el poder del gobierno actual.
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