El país sudamericano recibirá un desembolso cercano a 380 millones de dólares, una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe la sexta revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), suscrito en 2024 por el Gobierno de Daniel Noboa.

A eso se sumaría una nueva línea de financiamiento por unos 710 millones de dólares, mediante el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), cuyo acuerdo técnico fue anunciado también este lunes por el FMI.

El Observatorio advirtió que, hasta agosto de 2026, el saldo de la deuda ecuatoriana con el organismo ascendía a nueve mil 744 millones de dólares, según el último dato oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

El grupo de análisis económico relacionó la aprobación técnica de la revisión del programa vigente con la “exitosa implementación” de medidas de “ajuste estructural”.

Ante esa situación, el Observatorio alertó que, en pocos años, Ecuador se ha convertido, en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), en uno de los países más endeudados con el Fondo, posiblemente el primero.

Los 380 millones de dólares corresponden al acuerdo SAF, que contempla un financiamiento total de cinco mil millones de dólares hasta marzo de 2028.

Por su parte, la nueva línea SRS tendrá una duración de 18 meses y estará orientada a reformas en gestión de riesgos climáticos, sector energético y finanzas sostenibles, en un contexto de inundaciones y otras emergencias asociadas al fenómeno El Niño.

Este mecanismo contempla un plazo de amortización de 20 años y un período de gracia de 10 años y medio para el pago del capital, aunque su aprobación y los posteriores desembolsos estarán sujetos a las condiciones y revisiones establecidas por la entidad financiera.

Ambas operaciones se encuentran pendientes de aprobación por el Directorio Ejecutivo del FMI, por lo que los recursos todavía no han sido desembolsados.

El sociólogo e investigador económico Andrés Chiriboga cuestionó, en entrevista a Radio Pichincha, las condiciones que el FMI impone a Ecuador, donde plantea aumentar impuestos, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava el consumo y afecta a toda la población, en lugar de priorizar tributos a los sectores de mayores ingresos.

También criticó las exigencias relacionadas con la ampliación de la explotación petrolera y minera y la reducción de los subsidios a los combustibles, medidas que contrastan con el discurso del organismo sobre transición energética.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, en cambio, defendió el financiamiento externo en un pronunciamiento, donde aseguró que los nuevos desembolsos permitirán continuar la consolidación fiscal, mejorar los servicios públicos y proteger a los sectores vulnerables.

El exministro de Economía Carlos de la Torre comparó en su cuenta de X la situación económica actual con la de 2017, cuando Ecuador registró un crecimiento del PIB del seis por ciento y un riesgo país de 430 puntos en enero de 2018.

“El FMI no hacía revisiones técnicas porque no le debíamos ni un centavo y no teníamos que mendigarle ningún préstamo”, expresó De la Torre al cuestionar la dependencia actual del financiamiento del organismo.

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