La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 498, abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha, donde se ubica Quito.
También incluye los cantones Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.
Durante la vigencia del estado de excepción se restringirán los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, además de la libertad de tránsito mediante un toque de queda focalizado.
Asimismo, el decreto dispone el empleo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional para reforzar las operaciones de seguridad en las jurisdicciones incluidas en la medida.
El toque de queda regirá en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí del 17 al 30 de septiembre.
Noboa señaló que las medidas buscan intensificar las operaciones contra estructuras criminales que actúan en los mencionados territorios, que son los más afectados por la violencia.
El decreto también suspende temporalmente la inviolabilidad de domicilio, lo que permitirá intervenciones de seguridad ante indicios de actividad delictiva, armas o explosivos.
El nuevo estado de excepción amplía las facultades extraordinarias del Ejecutivo después de anteriores declaratorias adoptadas este año para enfrentar la violencia atribuida al crimen organizado.
En enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles, Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno que propició la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
A pesar de esa y otras medidas que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales.
En ese contexto, organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad.
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