De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, las personas que decidan acogerse a la norma recibirían un “trato diferenciado”, aunque carecerán de las prerrogativas propias de una negociación.

“Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. (…) Lo único que van a poder decir es ‘me someto’ (…) Por supuesto que entendemos que tiene que haber un trato diferenciado, pero ese jamás podrá ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada”, afirmó el ministro durante una comparecencia en el Legislativo.

Añadió que aquellos que accedan a someterse podrían integrarse a “proyectos sociales” diseñados para la inserción en la vida civil, pero se abstuvo de dar mayores detalles acerca de cómo funcionarían esos mecanismos.

Reveló que en quienes se hallaban en pláticas con la anterior administración podrían recibir un trato diferenciado mediante la aplicación de un mecanismo diseñado para esos grupos específicos.

Para avanzar en esa línea, informó que se establecieron contactos con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía y con las diferentes entidades del Estado, aunque sin precisar cuántas estructuras entrarían en ese modelo.

Uno de los grupos que manifestó previamente su voluntad de continuar en las conversaciones fue la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), por medio de su vocero, Walter Mendoza.

Esta estructura, por acuerdo con el gobierno anterior, llegó a concentrar 100 de sus hombres en la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, en el sureño departamento de Putumayo.

Según sostuvo Cancino, esos desmovilizados serían quienes primero se someterían.

El proyecto de ley, de acuerdo con el titular, se presentará en las próximas semanas ante el Congreso.

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