La restricción de movilidad rige desde el 17 de septiembre entre la medianoche y las 05:00 (hora local) en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, provincias de la costa ecuatoriana que concentran los principales focos de violencia del país.
El más reciente balance divulgado por el Ministerio del Interior registra 289 aprehendidos, de los cuales 216 fueron detenidos por incumplir el toque de queda y 73 por otros delitos, entre ellos extorsión y delincuencia organizada.
Durante las tres primeras jornadas del toque de queda las fuerzas de seguridad realizaron 258 operaciones y establecieron 203 puntos de control, además de seis allanamientos, mientras decomisaron 1,03 toneladas de droga, 44 armas blancas y de fuego, 298 municiones y 39 mil dólares.
Los operativos también permitieron retener o recuperar 24 vehículos y 54 motocicletas y afectar tres infraestructuras vinculadas por las autoridades con la logística de organizaciones criminales.
Uno de los procedimientos más relevantes se produjo en Manta, ciudad portuaria de Manabí, donde la Policía amplió a 2,9 toneladas el decomiso de cocaína tras localizar un segundo escondite en el mismo sector donde había encontrado un primer cargamento.
El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó el cargamento a Los Choneros, una de las organizaciones criminales más antiguas del país, y sostuvo que la operación golpea espacios utilizados por esa estructura para almacenar droga.
El despliegue de seguridad continuará hasta el 30 de septiembre, mientras el Gobierno mantiene el estado de excepción decretado el 15 de septiembre para las mencionadas provincias y otras cuatro más (Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha).
Este es el tercer toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa durante 2026, después de medidas similares aplicadas en marzo y mayo.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre estas recientes decisiones en materia de seguridad.
En enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles, Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno que dio paso a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
A pesar de esa y otras medidas, que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales.
En ese contexto, organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad. /avr
