Entre las entidades sometidas a revisión figuran los ministerios de Educación (Meduca) y Obras Públicas (MOP), el Registro Público y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La auditoría al Meduca sobre la compra de 54 mil computadoras para docentes, adjudicada a la empresa IS Group por 28,4 millones de dólares durante la gestión de la exministra Lucy Molinar, se encuentra próxima a concluir.

Según un comunicado oficial, el informe ya está listo y recoge observaciones sobre “incorrecciones” detectadas durante la revisión, aunque todavía no se han precisado su naturaleza, alcance económico ni eventuales responsabilidades.

La fiscalización abarcó desde el pliego de cargos y la presentación de ofertas hasta las especificaciones técnicas, condiciones de pago, adendas y entrega de los equipos.

El actual ministro de Educación, Ventura Vega, reconoció previamente que el proceso enfrentó “escollos, que no debieron darse” y señaló que las decisiones relacionadas con el contrato deberán ser reevaluadas una vez concluyan las investigaciones.

Mientras avanza ese expediente, la Contraloría inició otra auditoría en el Registro Público, dirigido por Nairobia Escrucería, relacionada con el financiamiento de estudios de maestría para unos 30 funcionarios.

La revisión también contempla las condiciones en que fueron concedidas tres becas sin costo por la Universidad Latina, entre cuyos beneficiarios figurarían la propia directora de la institución y su secretaria.

Los auditores deberán determinar las circunstancias de esas concesiones y si existe algún conflicto de interés relacionado con la condición de las funcionarias, el vínculo contractual del Registro Público con la universidad y los beneficios académicos recibidos.

De acuerdo con documentos oficiales, la Junta Directiva del Registro Público aprobó el 22 de mayo de 2025 la Resolución JD-008-2025, que autorizó la contratación de la Universidad Latina para impartir la Maestría en Derecho Registral, Inmobiliario y Notarial.

La resolución permitió utilizar hasta 183 mil 900 dólares del Fondo del Servidor Público para financiar el programa.

Otro frente de fiscalización corresponde a Pandeportes, institución dirigida por Miguel Ángel Ordóñez, donde la Contraloría anunció en agosto auditorías forenses a contratos tras recibir denuncias ciudadanas relacionadas con proyectos de infraestructura deportiva.

La primera revisión se concentró en un contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en la central provincia de Coclé.

La Contraloría ha aclarado que el inicio de una auditoría no constituye un señalamiento anticipado contra funcionarios, empresas o particulares y que cualquier eventual responsabilidad dependerá de los resultados de las investigaciones.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó durante la sustentación del presupuesto de esa cartera que solicitó a la Contraloría auditar las obras desarrolladas durante su administración.

El escenario coloca bajo escrutinio fiscalizador a dos directores que permanecen en sus cargos, una exministra del actual Gobierno y la ejecución de obras de una cartera cuyo titular pidió revisar su propia gestión.

Las auditorías forman parte de las acciones de control del Ejecutivo sobre el uso de recursos públicos, cuyos resultados deberán establecer si existieron irregularidades y, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes.

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