Un comunicado de la Secretaría de Gobernación afirma que la metodología empleada incorpora elementos técnicos y científicos para esclarecer los hechos y avanzar en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.

Tal esquema posibilitó «ordenar, relacionar y contrastar los datos reunidos durante 12 años, con una nueva mirada», precisa el texto.

Fue así como el análisis de las comunicaciones permitió identificar patrones no conocidos de 17 nuevos objetivos y reconstruyó vínculos entre miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y otros.

Uno de los investigados y su familia eran propietarios de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, apuntó Gobernación al agregar que en agosto de 2025 se estableció que el dueño de la funeraria utilizó el teléfono perteneciente a un estudiante.

Según añadió, esto motivó acciones en octubre de ese año, como cateos a las instalaciones de las funerarias y el Semefo, donde se localizaron un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, así como irregularidades graves en la operación del Semefo.

De marzo a junio de 2026, se recuperaron en el lugar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos, los cuales permanecen bajo análisis pericial.

Como segunda línea de investigación, la fuente mencionó el análisis de la información de tres equipos telefónicos de los estudiantes, en específico a la cadena de usuarios posteriores, lo cual posibilitó librar una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala.

Otro equipo fue utilizado por un policía de Iguala, quien registró actividad la noche de los hechos y está bajo investigación, mientras la revisión del tercer dispositivo refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal (centro de detención).

La tercera línea deriva del reanálisis documental de los expedientes y posibilitó detectar a una persona que participó en los hechos con 14 años y no había sido identificada hasta ahora.

Mientras, la cuarta se relaciona con el ocultamiento de las videograbaciones generadas por las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero la noche de la desaparición de los jóvenes.

Esto, precisó la fuente, permitió reconstruir parte de las decisiones de servidores públicos de alto nivel relacionados con el ocultamiento del material, lo cual derivó en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y la ex visitadora del mismo órgano jurisdiccional.

otf/las