El proyecto obtuvo 88 votos favorables de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y legisladores independientes.

Sin embargo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) presentes en la sesión se abstuvieron de dar su respaldo al texto, que será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

La disposición aprobada modifica 15 cuerpos legales con medidas destinadas a prevenir y erradicar la captación de menores por parte de organizaciones criminales.

La RC sostuvo en un comunicado que comparte la necesidad de enfrentar esa problemática, pero cuestionó que la respuesta planteada por el oficialismo priorice mecanismos punitivos y de seguridad penitenciaria en lugar de fortalecer la prevención y la protección especializada.

“En un Ecuador donde niñas y niños abandonan las aulas, sufren la violencia incluso dentro de sus hogares y enfrentan un Estado que no logra protegerlos, otra ley no sustituye la prevención ni la presencia estatal que hoy les hace falta”, señaló el movimiento opositor.

El principal cuestionamiento de la RC se refiere a los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), donde cumplen medidas los menores involucrados en infracciones.

La reforma establece que la seguridad interna y externa de estos centros pase al Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria y a la Policía Nacional, pero la RC considera que esta modificación sustituye el modelo especializado de custodia, basado en inspectores educadores, por una lógica penitenciaria.

“¿Cómo puede llamarse protección acercar a los adolescentes a un sistema penitenciario?”, cuestionó la organización. Además, la ley aprobada eleva las penas para quienes recluten, utilicen o instrumentalicen menores para cometer delitos, con sanciones de entre 22 y 26 años de prisión en los casos establecidos en la normativa.

El texto también incorpora medidas para combatir la captación mediante internet, entre ellas el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que difundan contenidos destinados al reclutamiento de menores, bajo las condiciones previstas en la ley.

Igualmente, establece obligaciones para los gobiernos municipales en los entornos escolares y dispone la adopción de ordenanzas para impedir expresiones que hagan apología del delito o incentiven el reclutamiento en espacios públicos y espectáculos.

Durante el debate, el asambleísta Blasco Luna, de la RC, calificó de “populismo penal” el incremento de las penas y aseveró que endurecer las sanciones no resuelve las causas que favorecen la captación de menores por bandas criminales.

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