Entre otras cuestiones, la norma establece el acompañamiento constante de un dispositivo de la Policía Nacional que se ubicará «a una distancia mínima de cuatro metros» de los manifestantes.

«Privilegiar el diálogo y la mediación es una regla de preferencia general para la manifestación, pero no condiciona ni pospone las intervenciones policiales individuales contra personas que cometan actos de violencia física desde el inicio de la concentración», acota el texto.

También faculta a las autoridades a evaluar la duración y afectación de bloqueos viales o la ocupación prolongada de accesos a instalaciones productivas (por ejemplo: tiempo transcurrido, impacto en servicios esenciales, presencia de vías alternas y afectación a terceros) como criterios a tener en cuenta para que intervengan las fuerzas del orden.

La senadora Jennifer Pedraza deploró el contenido del decreto, al que consideró regresivo e inconstitucional.

La legisladora expuso varios argumentos, entre ellos que solo el Congreso, mediante ley estatutaria, puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta y afirmó que hacerlo por decreto debilita la movilización y la división de poderes.

Recordó que el Decreto 003 de 2021, que el Ejecutivo ahora modifica, nació de una orden de la Corte Suprema tras los excesos de la fuerza pública y remarcó que el Gobierno lo cambió con una consulta de una semana y sin convocar la Mesa Nacional de Garantías.

«El nuevo decreto convierte el diálogo en una simple ‘preferencia’ y permite saltárselo, también la mediación, incluso cuando no hay violencia. Además, abre la puerta a disolver protestas pacíficas por bloqueos. Esto es un retroceso”, señaló Pedraza.

También planteó que la protesta es pacífica, pero también disruptiva.

«Bloquear una vía no es delito por sí solo y el Gobierno lo justifica con cifras gremiales que él mismo reconoce como no verificadas. Cuando se debilitan los contrapesos, la protesta pacífica es la herramienta para defender otros derechos: la libre asociación, la educación, la autonomía y la consulta previa», subrayó.

El decreto se firmó a menos de 12 horas de una movilización convocada por centrales obreras, el partido Pacto Histórico y gremios estudiantiles para expresar rechazo a las medidas tomadas por la administración de De la Espriella y reclamar el mantenimiento de las reformas sociales logradas bajo el mandato de Gustavo Petro (2022-2026).

otf/ifs