La protesta, convocada para los días 13 y 14 de octubre por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), el Frente Integral de Lucha Nacional (Filna) y otras agrupaciones comunitarias, también incluye reclamos por la protección ambiental, el costo de los combustibles y las tarifas eléctricas.
Los organizadores sostienen que las demandas permanecen pendientes desde hace seis años y exigen al Gobierno respuestas concretas, con compromisos verificables y plazos de ejecución.
Entre los promotores de la movilización figuran el regidor municipal Richard Ramírez y Valentín Capellán, representante del FILNA, quienes han reclamado al presidente Luis Abinader soluciones a las necesidades de las comunidades.
La convocatoria reúne a organizaciones populares, juntas de vecinos y representantes de sectores comerciales y empresariales, de acuerdo con la información publicada por el medio local Vértice Crítico.
Los convocantes también reclaman la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante denuncias de extracción de materiales en el río Yuna y deforestación en zonas de la provincia.
La primera jornada estuvo marcada por incidentes en distintos sectores del municipio, donde se reportaron obstáculos en las vías, neumáticos incendiados y presencia de agentes policiales y militares. La tensión aumentó tras la detención de Capellán de la Cruz durante una intervención policial el martes. El dirigente fue puesto en libertad, según la información publicada.
Los reportes locales ofrecieron estimaciones diferentes sobre el seguimiento de la huelga. Capellán calculó que alrededor del 70 por ciento de los establecimientos comerciales permanecieron cerrados, mientras otras informaciones situaron el acatamiento en aproximadamente un 80 por ciento en determinados barrios.
Las organizaciones promotoras advirtieron que podrían convocar nuevas movilizaciones si las autoridades no ofrecen respuestas a sus reivindicaciones.
Al cierre de la jornada de este miércoles, la información disponible no permitía confirmar un acuerdo integral entre los organizadores y el Gobierno para atender las demandas que motivaron la protesta.
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